La Contraloría General del Estado volvió a poner bajo la lupa a la administración municipal de Quito. Esta vez, el organismo de control publicó un examen especial sobre el proceso de compra de 60 trolebuses eléctricos y determinó un perjuicio económico de USD 2,55 millones relacionado con pagos a la UNOPS por costos de implementación e indirectos, además de presuntos incumplimientos a normas de contratación pública. Ese perjuicio corresponde a valores transferidos sin respaldo suficiente y sin garantizar principios de legalidad, eficiencia y transparencia, según el informe.

Señalamientos de Contraloría

El examen revisó el período comprendido entre el 1 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2025 y analizó tanto la fase precontractual de procesos nacionales como la negociación, suscripción y ejecución del Memorándum de Acuerdo entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) dentro del proyecto de “Movilidad Sostenible”.

En ese marco, la Contraloría estableció que el monto de recursos examinados ascendió a USD 34,85 millones, de los cuales USD 32,3 millones corresponden a la adquisición de trolebuses y el resto a costos de implementación e indirectos.

Uno de los ejes críticos del informe es la modalidad de contratación. La Contraloría recuerda que el Sercop consideró que, al tratarse de bienes normalizados, el procedimiento adecuado era una subasta inversa electrónica, criterio que fue puesto en conocimiento de la máxima autoridad municipal.

Sin embargo, la EPMTPQ avanzó con un esquema de intervención internacional junto a UNOPS sin contar —según el documento— con informes técnico, financiero y jurídico que justifiquen esa participación.

El reporte también cuestiona el uso del Memorándum de Entendimiento firmado por el alcalde Pabel Muñoz para encauzar el vínculo con UNOPS. Aunque el Alcalde señaló que su actuación se amparó en competencias constitucionales y del COOTAD para gestionar cooperación internacional, la Contraloría concluyó que no se configuró cooperación internacional, pues no se demostró financiamiento externo por parte de UNOPS.

Más aún, el propio análisis jurídico incluido en el examen señala que el instrumento con UNOPS no equivalía a un convenio de cooperación internacional ni a un acuerdo con un organismo multilateral de crédito; se trataría de una prestación de servicios sin carácter financiero, con financiamiento total del proyecto proveniente de recursos propios de la EPMTPQ y un aporte de UNOPS de USD 50.000 destinado a costos indirectos.

¿Omisiones en el proceso de contratación?

En el plano de responsabilidades internas, la Contraloría identifica omisiones del Directorio de la EPMTPQ y del Gerente General. Según el informe, pese a conocer que la adquisición se concretó por medio de UNOPS, el Directorio no solicitó aclaraciones ni informes para garantizar que el proceso se ajustara al proyecto de inversión ni dio seguimiento al Plan Operativo Anual.

Además, el gerente general no coordinó ni supervisó debidamente las mesas técnicas previas para sustentar cómo se definieron los costos de implementación e indirectos, situación que desembocó en el perjuicio económico de USD 2,55 millones.

La Contraloría incluyó recomendaciones de cumplimiento obligatorio, entre ellas conformar una Comisión Técnica para futuros procesos, revisar la liquidación contractual y subsanar observaciones sobre especificaciones técnicas.

En este contexto, el concejal Andrés Campaña sostuvo —en entrevista con El Telégrafo— que estos resultados guardan relación directa con acciones de fiscalización iniciadas desde su despacho. Recordó que en septiembre de 2024 solicitó exámenes especiales tanto para el Metro de Quito como para la Empresa de Pasajeros y aseguró que los informes publicados en estas dos semanas confirman que no se trató de denuncias coyunturales. “Habíamos nosotros advertido de que se estaba evadiendo los procesos de contratación pública y que tenía graves repercusiones para la institucionalidad y que evidentemente también conllevaría responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles e incluso indicios de responsabilidad penal”, afirmó, al señalar que los reportes actuales serían los primeros resultados formales de esos pedidos de control.

Así, a una semana de haberse difundido el examen sobre el Metro de Quito, el nuevo informe sobre los trolebuses profundiza las críticas a la administración municipal.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) December 10, 2025