Concejal Merino revela que Contraloría presentará informe sobre presuntas irregularidades en el sistema de recaudación de Quito
En una entrevista con El Telégrafo, el concejal Wilson Merino mencionó que la Contraloría General del Estado (CGE) informará sobre un proceso de fiscalización al Sistema Integrado de Recaudación del Municipio.
De acuerdo con la información expuesta por Merino, la contraloría emitió un informe con responsabilidades administrativas por cerca de USD 80.000 y determinó un presunto perjuicio económico que alcanzaría los USD 2,5 millones.
Merino informó que el documento no solo establece observaciones administrativas, sino que abre la puerta a la posible configuración de un delito de peculado, lo que implicaría responsabilidades penales que deberán ser analizadas por la Fiscalía.
El concejal sostuvo que, ante este escenario, lo esperable habría sido la renuncia del gerente de la Empresa de Pasajeros o, en su defecto, una solicitud directa del alcalde Pabel Muñoz para su separación del cargo.
Los temas de movilidad deben ser tomados en cuenta por el Municipio
La fiscalización también se extiende a otros procesos vinculados al eje de movilidad. Entre ellos constan la adquisición de seis camiones por parte de Emaseo, la gestión de la Empresa de Pasajeros, el Metro de Quito y la propia Secretaría de Movilidad. En varios de estos casos, la Contraloría mantiene auditorías en curso que, según se anticipa, podrían derivar en nuevos informes con responsabilidades administrativas y penales durante los primeros meses del próximo año.
A criterio de Merino, los indicios evidencian una problemática estructural que se ha extendido a distintas dependencias municipales.
El concejal señaló que una parte sustancial de los problemas actuales se originó en una asesoría jurídica deficiente, que habría derivado en decisiones administrativas sin respaldo legal.
Denuncia sobre presuntas amenazas contra el funcionario
Paralelamente, Merino confirmó que ha sido objeto de amenazas tras impulsar estos procesos de fiscalización. Las denuncias ya fueron presentadas ante la Fiscalía e incluyen intimidaciones a través de redes sociales y una amenaza de bomba en un edificio municipal.
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