La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó el informe DNA7-SySS-070-2025, producto de un examen especial a 43 procesos de contratación en el Hospital General Monte Sinaí, que incluyeron compras de dispositivos médicos, reactivos de laboratorio, medicamentos y el servicio de gestión externa de desechos hospitalarios. Las operaciones auditadas suman USD 17’647.379 y corresponden al periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de mayo de 2025.

Como resultado, el organismo de control sugiere establecer responsabilidades civiles por USD 3’784.616,26 y administrativas por USD 222.840, a partir de irregularidades detectadas en contratos vinculados a desechos hospitalarios y adquisiciones de insumos, medicamentos y reactivos para laboratorio clínico.

Uno de los principales hallazgos se relaciona con el manejo de inventarios: el análisis de 20 procesos reveló que 1’344.062 unidades de reactivos de laboratorio fueron descargadas del inventario sin que existan resultados médicos que respalden su uso, por lo que se desconoce el destino de materiales valorados en USD 3’598.185, según el informe.

La auditoría también señala falencias en la justificación de compras: 42 informes de necesidad no incorporaron parámetros esenciales —como stock, consumo mensual y tiempo de abastecimiento— y en 38 informes las cantidades solicitadas difirieron de lo aprobado en actas del Comité Técnico de Farmacoterapia, lo que impide confirmar si la adquisición de 1.205 ítems respondió a una necesidad institucional real.

En el componente de desechos hospitalarios, la Contraloría determinó un perjuicio de USD 124.390,97 por inconsistencias en el pesaje: entre el 11 de julio de 2023 y el 5 de mayo de 2024 (157 días), los datos de manifiestos no coincidieron con registros de bitácoras de seguridad y, aun así, se autorizaron pagos sin validación efectiva de la cantidad dispuesta.

Respecto a fármacos e insumos, el informe reporta diferencias al cruzar ingresos a bodega con certificados de análisis. Cita, por ejemplo, que del lote 9580623 de Magaldrato se habrían producido 4.000 unidades, pero el hospital registró el ingreso de 11.219; además, se detectó una diferencia de 164.045 unidades de tabletas masticables Cbcal (lote 1780623) entre lo facturado por el fabricante y lo ingresado en bodega. El daño patrimonial por estas deficiencias suma USD 47.674,33.

Otra observación se centra en la vida útil de reactivos: en la adquisición de 7.800 insumos para determinaciones de Hepatitis A y gasometría se determinó un perjuicio de USD 22.014,25, debido a que —pese a que los contratos exigían vigencia mínima de 12 meses— se ingresaron reactivos con menos de tres meses de vida útil, aceptados en actas de entrega sin garantías de canje, lo que además comprometió la sensibilidad técnica de las pruebas y dejó sin sustento el uso y destino de 5.143 unidades.

La Contraloría también reporta un posible patrón de falta de transparencia en concursos: identificó vínculos operativos y familiares (consanguinidad de primer y tercer grado) entre tres oferentes que participaron en dos procesos para compra de reactivos, relación que no habría sido declarada y que permitió asegurar adjudicaciones.

Finalmente, el boletín oficial señala que las deficiencias derivaron en la emisión de indicios de responsabilidad penal (IRP), que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado, relacionados con la ejecución de contratos de desechos, relaciones no declaradas entre proveedores y adquisiciones de medicamentos y reactivos de laboratorio.

? #Boletín | La Contraloría aprobó un informe que identifica indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades civiles y administrativas por más de USD 4 millones en procesos de contratación del Hospital General Monte Sinaí.

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— Contraloría Ecuador (@ContraloriaECU) December 13, 2025

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