Ecuador / Viernes, 06 Marzo 2026

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Una inspección del Ministerio del Trabajo de Ecuador, activada tras una denuncia anónima, detectó que empleados del Municipio de Quito y Prefectura de Pichincha eran obligados a asistir a las marchas políticas.

Detectan presunta obligación de funcionarios para asistir a marchas políticas en Quito

Una inspección del Ministerio del Trabajo de Ecuador, activada tras una denuncia anónima, detectó que empleados del Municipio de Quito y Prefectura de Pichincha eran obligados a asistir a las marchas políticas.
Foto: Harold Burbano
Servidores de la Prefectura de Pichincha y del Municipio de Quito habrían sido obligados a participar en movilizaciones políticas.
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Una inspección realizada por, reveló presuntas irregularidades en instituciones públicas de la capital relacionadas con la participación obligatoria de funcionarios en movilizaciones con fines políticos.

De acuerdo con la información oficial, la cartera de Estado activó un proceso de control en la Prefectura de Pichincha y en el Municipio de Quito. Durante la inspección se habría comprobado que servidores públicos fueron obligados a asistir a marchas de carácter político, situación que fue calificada por la institución como “inaceptable”.

En el desarrollo del procedimiento también se registró un incidente. Según el reporte del ministerio, una funcionaria de la prefectura habría destruido registros públicos y agredido físicamente a un inspector laboral que participaba en la diligencia.

A través de la red social X, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, se pronunció sobre el hecho y señaló: “Jamás vamos a normalizar la violencia ni el irrespeto a los órganos de control”.

En el video se observa a funcionarios públicos tratando de impedir que la inspección se realice a papeles que contenía una de las instituciones. El forcejeo entre la mujer y el inspector del Ministerio de Trabajo es evidente.

El informe de la inspección ya fue remitido a la Contraloría General del Estado de Ecuador para que, en el ámbito de sus competencias, determine posibles responsabilidades administrativas. Además, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado de Ecuador para las investigaciones correspondientes.

Desde el Ministerio del Trabajo se reiteró que ninguna institución pública puede utilizar su autonomía para vulnerar derechos laborales o incumplir la normativa vigente.

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