La tarde de ayer la Asamblea Nacional tenía previsto votar el proyecto de “Ley de Protección de Animales Domésticos y de Compañía”, que recoge las infracciones y sanciones administrativas que recibirían los propietarios, comerciantes, albergues y público en general que no cumplan con el objetivo de la norma: otorgar bienestar animal.

La Comisión de Biodiversidad entregó a la Secretaría General del organismo legislativo el informe final del proyecto de esta normativa que incluye las observaciones formuladas en el debate, a fin de que sea sometido a votación en el pleno. La ponente de este proyecto fue la legisladora Liliana Guzmán.

Esta ley establece que el Estado (a través de sus diferentes instancias) debe velar por la protección y bienestar de las mascotas, para ello, los órganos del Gobierno central con los gobiernos autónomos descentralizados municipales y regímenes especiales, coordinarán acciones en su defensa, incentivando la participación de la sociedad civil, en el marco de sus competencias.

La fuerza pública prestará su colaboración en los casos que así lo soliciten las autoridades nacionales o municipales.

Los propietarios deberán inscribir al animal en el registro del gobierno municipal respectivoAdemás, se prevé que el Estado -a través de los órganos que tienen a su cargo la rectoría de las políticas públicas de educación básica y bachillerato e información- desarrolle e implemente planes, programas y proyectos orientados a sensibilizar a la sociedad civil, respecto de la protección de los animales.

La normativa determina que los propietarios, poseedores y tenedores deberán presentar de manera obligatoria las pruebas de comportamiento de sus perros, las cuales podrán ser realizadas por el funcionario responsable del Centro de Adiestramiento Canino u órgano competente de la Policía Nacional, el funcionario de las asociaciones caninas legalmente constituidas y registradas, además de  un médico veterinario  experto en etología.

Adicionalmente se establecen normas para el animal perdido, abandonado; lo pertinente a los establecimientos para albergue animal, la esterilización, sanciones e infracciones administrativas, entre otras disposiciones.

Si un propietario no ha inscrito a su mascota  en el registro del gobierno municipal respectivo para obtener el certificado sanitario anual, será sancionado con multas desde el 50% hasta el 100% de una remuneración básica.