Una nueva investigación se suma al caso de Fernando Villavicencio
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación previa por una posible asociación ilícita vinculada al asesinato de Fernando Villavicencio, luego de identificar la difusión de narrativas sin sustento legal que, según la entidad, buscan confundir a la opinión pública y desacreditar el proceso judicial.
Esta investigación inicia tras una serie de publicaciones realizadas por Xavier Jordán y José Serrano —identificados como presuntos autores intelectuales del asesinato— en las que difundieron supuestos testimonios obtenidos en el extranjero. En esos mensajes, sugerían la existencia de manipulaciones en el expediente y acusaban a varias autoridades de persecución, sin presentar evidencia verificable.
La Fiscalía calificó estas acciones como una estrategia de desinformación que busca alterar la percepción pública del proceso penal. Señaló que las narrativas difundidas se basan en procesos judiciales fuera del país que no tienen incidencia sobre las causas abiertas en Ecuador. Recordó además que los testimonios rendidos bajo juramento por los procesados han sido verificados con pruebas documentales y pericias valoradas por los tribunales competentes.
La Fiscalía también “rechazó de manera contundente” que “procesados, sentenciados o prófugos –utilizando mentiras y artimañas– pretendan poner en duda la objetividad, profesionalismo y observancia de los fines de justicia en los procesos que la Fiscalía General del Estado y sus equipos investigativos, junto a la Policía Nacional, presentan en todas las investigaciones y procesos penales a su cargo”.
Uno de los elementos que encendió la alerta fue la reciente difusión de imágenes del testimonio del testigo protegido Marcelo L. S., quien declaró en Miami como parte de un juicio por difamación promovido por Jordán en 2024 contra la ex fiscal general Diana Salazar. El empresario aseguró que sus declaraciones “lo cambiaban todo”, pese a que estas versiones no forman parte del expediente.
Con la activación de esta nueva fase investigativa, la entidad busca establecer si existe una coordinación destinada a manipular la narrativa pública del proceso judicial.
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