Tras once días de audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE)  concluyó su alegato final en el caso Vaca y otros, un proceso por crímenes de lesa humanidad que investiga detenciones ilegales, torturas y desaparición forzada cometidas mediante el uso de la estructura estatal. La institución pidió a los jueces declarar la culpabilidad de seis militares como parte del caso Alfaro Vive Carajo.

Según la acusación, las víctimas fueron detenidas de forma ilegal y arbitraria, trasladadas a centros clandestinos y sometidas a confinamiento, torturas físicas y psicológicas, violencia sexual y atentados contra el pudor.

El fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, explicó que las conductas no fueron aisladas, sino parte de una política de control interno aplicada en el contexto histórico de las décadas de 1970 y 1980. En ese período, indicó, operaron estructuras de inteligencia militar que facilitaron la ejecución y el encubrimiento de las violaciones a derechos humanos.

Fiscalía pidió penas diferenciadas

En cuanto a las responsabilidades individuales, la Fiscalía pidió penas de prisión para los procesados, diferenciando entre autores mediatos y autores directos. Para algunos exfuncionarios, solicitó la pena máxima prevista en el Código Penal de 1971 —vigente al momento de los hechos— por delitos como detención ilegal, confinamiento, plagio (desaparición forzada) y tortura.

Se solicitó medidas de reparación y satisfacción

Además de las condenas, la institución requirió medidas de reparación integral. Entre ellas, una compensación económica por daño emergente y lucro cesante, calculada con base en el salario básico unificado y la expectativa de vida de cada víctima al momento de los hechos, garantizando el principio de igualdad.

La Fiscalía también solicitó medidas de satisfacción, como la publicación de la sentencia y un acto público de reconocimiento de responsabilidad con disculpas oficiales. A ello se suman garantías de no repetición, que incluyen capacitación permanente en derechos humanos para las Fuerzas Armadas y la creación de mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las reparaciones.

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