La sala del Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha no pudo instalarse para conocer la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de incitación a la rebelión e indisciplina, que se sigue en contra de 13 policías, dentro de los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010.

En el tribunal faltaría un integrante ya que el Consejo de la Judicatura suspendió por 30 días a la jueza Elizabeth Martínez. En primera instancia, Fernando Burbano reemplazaría a la funcionaria, pero la designación no se concretó.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el 30-S, un grupo de gendarmes, a través de la radiopatrulla, instó a otros uniformados a sumarse a los disturbios que se registraron ese día. Los uniformados, además, habrían sugerido  a sus compañeros para matar al presidente Rafael Correa.

De ser declarados culpables, los 13 uniformados podrían enfrentar penas de entre 6 y 9 años de cárcel por incitación a la rebelión e indisciplina, tipificado en el artículo 146 del Código Penal.