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El Telégrafo

Veeduría no pudo estudiar presupuesto de Judicatura

Veeduría no pudo estudiar presupuesto de Judicatura
15 de diciembre de 2012 - 00:00

El informe de la veeduría internacional al proceso de reforma del sistema judicial ecuatoriano fue hecho público ayer en la página web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El informe de más de 130 páginas recoge varias de las recomendaciones que fueron hechas en los tres informes preliminares anteriores y hace referencia a 19 observaciones que no se han cumplido.               

Entre ellas quedan pendientes la de potenciar el urgente diseño y puesta en funcionamiento del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia Familiar, y la implementación de un sistema virtual público de seguimiento y juzgamiento de los casos denunciados por la Comisión de la Verdad.                          

Algunas de las sugerencias realizadas en el informe final son que la Corte Nacional de la Justicia se pronuncie sobre la pulcritud del proceso de selección de los jueces, además seguir con un plan de conectividad sistemático y continuo de todas las entidades del Estado.

También pide realizar el seguimiento de la ejecución de contratos a fin de que se amorticen los anticipos entregados y se cumplan los términos contractuales “precautelando intereses institucionales”.

Baltasar Garzón, coordinador de la veeduría internacional, dijo que el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) debe pronunciarse acerca de la ejecución presupuestaria, puesto que la actualización de la información requerida apenas les llegó en estos días, por lo que no alcanzó a tratar esa información.

“La información que nos ha sido facilitada en relación a las inversiones presupuestadas se remonta a julio del 2012” con una ejecución presupuestaria del 48% (…) y la información que nos ha llegado recientemente proyecta lo que dice el CJT, en torno a un 70 u 80% de ejecución”.

Según el coordinador de la veeduría, al Cpccs le corresponde pronunciarse acerca de la gestión, contratación y adjudicación de obras judiciales. “En su momento pedimos al Cpccs  que se nombre a un experto, pero por razones presupuestarias se dijo que no era posible”, señalo la veeduría.

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