Lissette Carrasco es madre de dos niñas que estudian en un centro particular en el norte de Guayaquil. Las menores están en segundo año de educación básica y en sexto.

Sin embargo, pese a que aún no están en los cursos superiores, tuvo que gastar $ 550 en textos escolares. Cada una usa 12 libros.  

“Fue casi el doble de lo que compré el año lectivo pasado”, lamenta.

Lo mismo le ocurrió a otra madre de familia que tiene a su representada en el noveno curso de básica en un colegio privado de la vía a la Costa (Guayaquil).

Ella se sorprendió por el valor de un libro de inglés: $ 300. En el plantel le dijeron que le duraría varios cursos. “Pero es demasiado caro”, se queja.

Otra madre de familia que matriculó a su hija en un plantel de Samborondón (Guayas) asegura que la lista de útiles con textos escolares ascendió a $ 435.

Este tipo de situaciones se dan, pese a que el Ministerio de Educación (MinEduc) señala claramente que el costo total de la lista de útiles escolares, textos impresos o digitales y los uniformes requeridos por los establecimientos particulares y fiscomisionales no podrá exceder, en conjunto, al valor equivalente a un salario básico unificado ($ 394).

De acuerdo con Pamela Herrera, directora nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro de la cartera de Estado, en 2018 se reportaron 884 denuncias por cobros indebidos en centros fiscales, privados y fiscomisionales del país.

Los establecimientos particulares concentran 207 de los reclamos. Las quejas más recurrentes son por sobrepasar el límite de gastos en útiles escolares, el pago de expendios (adicionales) y cobros irregulares de matrículas. 

Al respecto, Abelardo García, presidente de Corpeducar y director ejecutivo financiero del Instituto Particular Abdón Calderon (IPAC), explica que hay unidades que no necesariamente tienen la misma malla curricular del MinEduc, sino que cuentan con otras asignaturas que requieren de más materiales.

Por ejemplo -detalla el directivo- en los centros privados enseñan robótica, idiomas adicionales o religión.

El dirigente recuerda que hay recomendaciones del ministerio para que esos libros sean digitales o estén en la biblioteca, “pero eso no siempre se puede cumplir porque las editoriales no lo tienen y los libros de trabajo ya están completados”.

Además, García argumenta que en el costo de los textos influye que los libros sean importados. “Solo  un proveedor los tiene”.

“Cuando el padre toma la decisión de educar a su hijo en una institución particular debe saber que, así como el colegio ha hecho una oferta,  el padre adquiere el compromiso de tener al hijo en ese colegio bajo los lineamientos académicos. Si el plantel decide implementar robótica  no significa que es un negociado, sino que requerirá comprar un kit”.

En lo que va de 2019 ya se han registrado otras denuncias de los progenitores.

Según Herrera, las denuncias de cobros indebidos van siempre de la mano con la conculcación del derecho a la educación.

Ella reconoce que muchas veces los padres de familia no hacen conocer estas situaciones porque las instituciones toman este tipo de represalia. 

Explica que después de la queja interpuesta por el padre de familia se abre un proceso y luego se hace la investigación respectiva.

 El MinEduc indica que, de hallar indicios, se inician procesos sancionatorios que se llevan a la Junta de Resolución de Conflictos.

Posteriormente, al abrirse el proceso legal, se comunica a la unidad para que presente las pruebas de descargo, entonces se emite la resolución y la sanción, si lo amerita.

Las penas van desde un llamado de atención hasta el cierre del centro. (I)