Un pago en exceso por más de $ 4 millones en bonificaciones, seguros de vida y otros beneficios; así como la transferencia de más de $ 9 millones a cuentas en Miami (Estados Unidos) están entre las irregularidades detectadas en la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB).

Un examen especial de la Contraloría General del Estado (CGE), que analizó el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2015, determinó, por ejemplo, que existen “valores que no debieron ser asumidos con recursos públicos”.

Durante ese período, el historiador Enrique Ayala Mora ejercía como rector y docente. Su justificación para aquellos desembolsos es que la universidad es una institución de derecho público internacional, que se ampara en el convenio que suscribió el Estado ecuatoriano en 1992 -modificado en 1998-  que le “reconoció privilegios e inmunidades de organismo internacional”.

Creó sus propias reglas

Con ese argumento la Universidad Andina creó sus propias normas y escalas remunerativas que incluían el pago de bonos por años de servicio y subsidios por cargas familiares, educación o guarderías que ascendieron a $ 2,8 millones.

A eso se suman los $ 469.000 que fueron cancelados por bonos de aniversario, vacaciones adicionales o dietas a docentes que fueron recontratados después de jubilarse. Es decir, se inobservó la norma que establece que “solo podrán reingresar a la misma u otra institución superior pública bajo la modalidad contractual de servicios civiles”.

Otro de los beneficios era que todo el personal contaba con un seguro privado de salud y otro de vida, cuyos costos ascendieron a $ 748.000. Una de las trabajadoras confirmó a EL TELÉGRAFO la vigencia del contrato con la empresa Humana, pero desconocía los detalles de la cobertura.

De los $ 34’044.006,77 analizados por la Dirección de Auditoría de desarrollo e Inclusión Social de la CGE, se determinó que el centro académico incumplió con la normativa vigente para las instituciones públicas en el desembolso de $ 4’088.582,55, lo cual podría devenir en responsabilidades de tipo administrativo y civil (ver gráfico).

La Constitución vigente desde 2008  fijó parámetros de regulación para todas las instituciones que se benefician de los recursos del Estado, entre las que figuran los centros de educación superior.

La Universidad Andina es una de ellas. De los $ 27 millones que necesita cada año para operar, $ 17 millones provienen del Estado. Es decir el 70% de su presupuesto.

Los artículos 297, 298 y 352 de la Carta Magna son claros: las entidades que reciban bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan, a principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

Bajo esta norma, la Contraloría  auditó las cuentas del centro de altos estudios y pidió una explicación sobre el destino de esos fondos.  

El IESS plantea una glosa por diferencias en los aportes  

Durante el enlace ciudadano del pasado 19 de marzo, el presidente Rafael Correa indicó que el entonces rector, Ayala Mora, cobraba $ 8.100 como profesor de Historia. “Es decir que se pagaba casi $ 700 por hora y así abusaban de nuestra plata. Esto es plata del pueblo ecuatoriano. Además, él, como rector, recibió en julio (2015) $ 11.991”.

Cuatro días después, Ayala Mora convocó a la prensa y, acompañado de profesores y funcionarios, sostuvo que su sueldo base fue de $ 3.522 como docente. A ello  se sumó una bonificación por años de servicio $ 2.325 y proporcionales por sobresueldos y vacaciones que daban el total de $ 8.110.

“Nunca cobré por horas, no hay duplicación de ingreso como rector y profesor. No es cierto que ese pago se cubrió con fondos públicos. Ese pago se carga a los ingresos de autogestión de la propia universidad”.

En su descargo ante la Contraloría, según consta en el informe, Ayala Mora sostuvo que “los aportes de origen estatal, una vez que son entregados al organismo internacional, pasan a ser propiedad de este, perdiendo jurisdicción la normativa estatal sobre ellos”.

En 2001 la Ley de Educación Superior (vigente hasta octubre de 2010) ya determinó que la UASB con sede Ecuador es pública, realiza actividades académicas de posgrado y está obligada a cumplir con lo dispuesto en la ley, los reglamentos y las resoluciones del antiguo Consejo de Educación Superior (Conesup).

Aquello se ratificó en la Disposición General Séptima de la actual Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). En octubre de 2012 el Consejo de Educación Superior (CES) expidió el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente. El artículo 59 estableció un techo salarial.

Otra de las anomalías corresponde a la contratación de docentes jubilados en la misma universidad, entre los que consta Ayala Mora. En declaraciones a la prensa aseveró que  sus pagos fueron mediante  factura, no para evadir aportes al IESS, sino por una disposición del Consejo de Educación Superior.

La aclaración obedeció al pedido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de transparentar los salarios, a fin de que la universidad cancele el aporte por el total de los ingresos del trabajador.

“Se los reincorporó con el pago mediante contrato de servicios civiles y sus honorarios se han pagado contra la presentación de facturas. Por ello no se ha vuelto a afiliarlos”.

La Contraloría no pudo acceder al informe histórico de los roles de pago de los trabajadores porque la universidad argumentó que su sistema financiero denominado Olympo no almacenaba esa información.

Sin embargo, a inicios de este mes, la Comisión Provincial de Apelaciones del IESS resolvió confirmar las glosas establecidas por el ajuste o diferencias en los aportes, dentro del proceso administrativo iniciado por el incumplimiento en las obligaciones patronales. La universidad ya fue notificada y podría interponer un nuevo recurso ante la Comisión Nacional de Apelaciones.

EL TELÉGRAFO solicitó una entrevista a Jaime Breilh, quien asumió como rector encargado en febrero de este año y durante el período que la Contraloría realizaba el examen especial, actualmente es candidato para ocupar ese cargo.

El académico se excusó porque se encontraba en Costa Rica participando en el VI Congreso de la Red Bioética organizado por la Unesco.

En la última entrevista que Breilh mantuvo con este diario, como parte de su campaña por el rectorado, indicó que lo suscitado con el IESS fue un error de cálculo y un desconocimiento jurídico de las leyes impositivas.

“Nosotros impugnamos. El IESS levantó la declaratoria de mora porque se dio cuenta de que, jurídicamente, la Andina tenía la razón. Si en el proceso se establece que debemos pagar una diferencia lo haremos protegiendo a nuestros trabajadores”.

Sacó $ 9,7 millones a Miami

En una entrevista con el portal Ecuadorinmediato.com, el ministro de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Aráuz, cuestionó que la UASB haya enviado a cuentas en Miami  cerca de $ 10 millones (ver gráfico).

El destino de esos recursos aún está en investigación, pero datos preliminares indican que el mayor desembolso se produjo en 2015 por $ 7,4 millones.

En total, entre 2010 y 2016, la universidad sacó del país más de $ 13 millones, de los cuales el 75% fue exclusivamente a Estados Unidos. Aráuz recalcó que eso impide a los órganos de control nacionales supervisar el uso de esos recursos,   “se ha perdido el rastro”.

La normativa aprobada el 16 de noviembre pasado por la Junta de Política y Regulación Monetaria prohíbe a las entidades que reciben fondos públicos transferir sus recursos al exterior y obliga a repatriarlos. (I)

La universidad adquirió una hacienda para vivienda, pero el negocio fracasó

En la actualidad, la hacienda El Cortijo no realiza ninguna actividad comercial o académica. Un cuidador contratado está a cargo del mantenimiento del predio. Foto: Miguel Jiménez

Otra irregularidad detectada por la Contraloría fue la ‘pérdida’ de $ 295.659 de los recursos de la universidad. El caso corresponde a la adquisición en $ 600.000 de la hacienda El Cortijo, ubicada en el barrio San José, en Sangolquí (Pichincha). Se trata de un predio de 53.945 metros cuadrados que el establecimiento intentó comprar como una “inversión altamente rentable” que generaría un “beneficio directo y un incremento patrimonial”.

En abril de 2011 la UASB, bajo la dirección de Enrique Ayala Mora, emitió dos cheques por $ 55.000 y $ 65.000 para participar en el remate del bien.

Sin un informe que justifique la necesidad de la compra, el exrector autorizó el desembolso y en junio de 2011 el Juzgado Vigésimo de lo Civil de Pichincha adjudicó la propiedad a la universidad.

Fue ahí cuando se comunicó a la Junta de Licitaciones para concretar la compra autorizando un siguiente desembolso por $ 480.000. El argumento fue que la institución necesita cada vez más espacio para reuniones de planificación y académicas.

Además, se planteó que la mitad de esa propiedad se destine a un programa de vivienda en beneficio del personal de la universidad, mediante la transferencia a una cooperativa independiente, para vender lotes urbanizados.   

La propiedad estaba en litigio y fue subastada, pero posteriormente el juez revirtió la propiedad al dueño original. Y aunque la Universidad Andina pagó por el predio, usando fondos públicos, hasta el momento no ha recuperado la totalidad del valor. El juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha, que estaba a cargo de la causa, devolvió -en su momento- $ 304.343 y la diferencia ($ 295.659) está pendiente desde hace cuatro años. Por recomendación de la firma de auditoría Ernest & Young se estableció un ajuste por la provisión de cuenta incobrable en el asiento contable de 2012.

La Contraloría determinó que la universidad debe continuar con las acciones legales tendientes a recuperar los recursos públicos y que la Junta de Licitaciones verifique previamente la necesidad y el destino de los bienes a adquirir con fondos públicos.

El ministro de Talento Humano, Andrés Aráuz, sostuvo que “lo grave en el informe de la Contraloría es que hubo la intención de usar esta hacienda para lotizarla y repartirla a los funcionarios de la universidad como era en el viejo país, cuando se tenían estos fondos dentro de la institución, que regalaban terrenos y propiedades a los funcionarios con recursos públicos”.

La compra no se concretó por incidentes judiciales, pero la Andina desembolsó dinero estatal. “El problema es que la universidad hasta ahora no recupera esa parte del dinero y es lo que observa la Contraloría: si usted gastó plata y no recibió nada, ¿qué será?”, cuestionó.

A criterio del ministro, esto demuestra el ‘libertinaje’ con el que se manejaron los recursos públicos para repartir activos a funcionarios de la universidad.

Con la aprobación del informe de Contraloría, podrían determinarse responsabilidades administrativas, civiles, e incluso por peculado contra los  autores de esos malos manejos.

El  viernes pasado la hacienda lucía desolada. Un trabajador del lugar desde hace 17 años, que prefirió no identificarse, aseguró que allí no se realizan actividades comerciales ni académicas. (I)