Fernanda Chiquito, quien nació con una discapacidad intelectual, tuvo que aprender a vivir con los recuerdos del abuso sexual que sufrió cuando tenía 14 años, y del que quedó embarazada. Hoy han pasado 6 años de lo ocurrido.

Desde entonces su padre Felipe Chiquito mantiene una lucha en fiscalías, tribunales dentro y fuera de la ciudad, para que el culpable pague por lo ocasionado a su hija. “Ella tuvo que pasar por varios psicólogos para continuar y aceptar a su hija que tiene hoy 5 años. Quisiera que nos ayuden con un bono”.

Fernanda es el ejemplo de dos realidades entre las personas con discapacidad: el desconocimiento de la salud sexual y reproductiva y la falta de prevención.

Los índices evidenciaron vulnerabilidad en adolescentes con discapacidad intelectual, pues el 3% entre la población encuestada en 2014 fue madre. De este universo el 50% tuvo su primer hijo a los 16 años.

El año pasado, la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades (Setedis), de la Vicepresidencia de la República, encuestó  a 5.876 hogares de Pichincha, Guayas, Cotopaxi y Bolívar. El informe se denominó “Calidad de vida y uso del tiempo de las personas con discapacidad y sus beneficios”.

Otro dato que arrojó la investigación es que el 70% de personas con discapacidad no tiene conocimiento de métodos anticonceptivos.

Según Álex Camacho, titular de la Setedis, la prevención y reproducción sexual es un tema huérfano de la discapacidad, pero en el que ya han empezado a trabajar con todos los ministerios. En septiembre iniciarán un proceso de socialización y construcción de propuestas en el país. “Hemos ya tenido acercamientos con la ministra de Salud y en los próximos días mantendremos reuniones y seguramente de esto se derivará una acción nacional o plan estratégico”.

Contó que en las reuniones han podido identificar 3 factores: fortalecer el ejercicio del derecho sexual y reproductivo en personas con discapacidad; análisis de su violencia en todo su conjunto no solo sexual, prevención y la accesibilidad universal.  

Para Mélida Flor, líder de Ginecología del hospital Guayaquil, la familia juega un rol importante en temas de salud sexual. Explica que cuando una paciente tiene una discapacidad severa y ha sufrido abuso sexual y producto de eso hay un embarazo, se continúa de forma normal, no hay motivo para la interrupción porque la Constitución no lo permite; pero posteriormente, como profesionales de la salud y con los familiares siempre que lo autoricen, lo ideal sería hacer una ligadura. Es decir se recomienda una anticoncepción de forma definitiva, para que la paciente no vuelva a pasar por lo mismo. El grado de discapacidad será una variable para determinar si el paciente podrá o no asumir su salud reproductiva.

Según Flor, las pacientes con discapacidad intelectual no tienen un adecuado desarrollo óseo, existe desproporción pélvica y esto complicará el parto. “Si es de edad muy joven 10, 12 o 14 años, puede haber una alteración congénita, cromosómica, síndrome de Down, que no es tan frecuente pero se puede dar”.  Fernanda, quien a sus 15 años pasó por una cesárea, hoy se esfuerza por terminar la secundaria y olvidar ese triste episodio de su vida. (I)