La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una movilización a nivel nacional el próximo 25 de agosto en defensa de la organización. Esto frente a la resolución de disolución por parte de la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, adscrita al Ministerio del ramo.

La marcha estaba prevista dentro de la agenda de las organizaciones sociales y movimientos políticos de  como Unidad Popular (exMPD) y Pachakutik, los cuales pertenecen al ‘Acuerdo Nacional por el Cambio’ en respaldo a la Federación Única Nacional de Afiliados Al Seguro Social Campesino (Feunassc) y otros temas del país.

No es la primera vez que la UNE se ve inmiscuida en política. Nació en 1944 para alcanzar reivindicaciones profesionales, salariales y sociales, por lo que en 1950 obtuvo su personería jurídica. Esta duró hasta 1977 cuando el Triunvirato Militar declaró ilegítima a la organización, pero 2 años después recuperó su vida legal.

Paralelamente a ese proceso se constituyó el Movimiento Popular Democrático (MPD) siempre cercano a la organización. Los dirigentes de la UNE o del magisterio también ocuparon puestos dentro del partido, como los exasambleístas del MPD, Mery Zamora y Jorge Escala. Entre las 2 organizaciones protagonizaron varios paros; uno de los más fuertes fue durante el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984) y duró 3 meses.

Igualmente en 2003, en la administración de Lucio Gutiérrez (2003-2005), los estudiantes del país perdieron 33 días de clases por 4 paros encabezados por la UNE.

Ayer, luego de que el jueves pasado fueran notificados de su disolución, dijeron que el procedimiento administrativo se debe a una persecución política y que agotarán todas las instancias nacionales e internacionales. De acuerdo al exdirigente del extinto MPD y el actual abogado de la UNE, Ciro Guzmán, ya solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En esto coincidió César Ricaurte, de Fundamedios, quien expresó que enviaron una carta a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en respaldo a la UNE y dijo que para el lunes se espera un pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos del país.

De acuerdo a la resolución de la Cartera de Estado, la UNE inobservó los artículos 18, 19, 21, 24, 40 literales a), b), c) y e); 46, 49 y 50 de su propio estatuto, además del 18 y 22 numeral 7 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales que se refiere a incumplir con sus obligaciones.

Frente al cuestionamiento de que la UNE no ha presentado en dos ocasiones (diciembre de 2013 y en este mes) información suficiente para regularizar el registro de su directiva, lo que implica una violación de su propio estatuto, Rosana Palacios, presidenta de la organización, calificó de “negligencia” la decisión de no registrar a la organización por parte del Ministerio de Educación y denunció que de las otras 8 sociedades que están en el mismo proceso, solo existe el Comité de Padres de Familia del Colegio Montúfar.

Se prevé que el lunes el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se pronuncie sobre el tema en su habitual conversatorio con medios. (I).