“En la parte técnica  sugeriría que la Ley de Recursos Hídricos le dé mayor importancia a la gestión de los sistemas de agua. Al momento esto se encuentra en manos de  varias instituciones y ninguna coincide.

Si se pudiera concentrar en una sola institución sería óptimo. Es necesario pensar en el buen uso de las   cuencas hidrográficas y no en administradores como sucede ahora. Supondría, por ejemplo, que a Municipios como el de Loja o el Gobierno Provincial Autónomo de Loja le correspondería manejar dos cuencas. Entonces debería haber una Secretaría solo para estas fuentes. Lo mismo tendría que repetirse en  cada cuenca hidrográfica del país. 

Eso independientemente del límite imaginario del territorio en que se encuentren. La gestión por cuenca va  dar resultados en todo el ciclo del agua. Los estudios nos dicen que el manejo del recurso en el país no es bueno. Si uno analiza la distribución y la equidad, una cosa es lo que dice la Ley y otra la que el pueblo siente. Hay modelos importantes para esto como los de los países europeos. Deberían tomarse en cuenta las cosas que han dado  resultado  y adaptarlas a la realidad ecuatoriana.

En el país hay un desordenado crecimiento urbano e industrial.  Eso nos conduce a un obligatorio uso y explotación del recurso hídrico, lo cual incide en el ciclo urbano del agua.  El ciclo rural se ve afectado por el crecimiento de las zonas de cultivo. Las cifras revelan que hasta 1970 se cultivaban 3,5 millones de hectáreas, pero hoy hablamos de 8,5 millones.  Frente a esa expansión hay un impacto negativo del medio ambiente. Se afectaron  tierra virgen y   páramos, por sembríos.

Además las grandes urbes no tienen diferenciado el consumo tanto doméstico, como comercial, industrial y no se imponen las tarifas que dan sostenibilidad a la gestión urbana y rural del agua. El país  tiene una de las reservas más grandes del mundo, pero también problemas  en conservación, distribución y aprovechamiento. En el caso del primero, está la contaminación.

En lo urbano, hay fugas de agua. Se escapa alrededor del 60% del fluido que se  inyecta a la red urbana. Es un líquido tratado en donde se han invertido muchos recursos para que sea apto para el consumo humano. Además, no hay una buena gestión en la distribución para los hogares y para el agro. ¿Qué hacer? Primero,  descontaminar. De ahí poner sanciones económicas a quienes contaminen. En las redes urbanas se debe sectorizar.  Hay que  conformar distritos hidrométricos en las ciudades.  Ello para abastecerlas con una sola fuente y garantizar  presión y calidad. La población debe sentir, para poder pagar, que el servicio  mejoró”.