En el primer piso del edificio administrativo de la Universidad Estatal de Guayaquil, dentro de la oficina del Rectorado, la comisión interventora empezó a trabajar en la indagación de información para realizar el primer diagnóstico completo sobre las presuntas irregularidades que se cometieron en la institución.

Esto se da luego de que el Consejo de Educación Superior (CES) dispusiera intervenir integralmente al centro de estudios por el incumplimiento de normas e irregularidades académicas, administrativas y financieras, a partir de una investigación efectuada por ese ente.

Enrique Santos, miembro académico del CES, aseguró que la presentación del diagnóstico, que permitirá establecer con precisión el funcionamiento de la Universidad, se conocerá en 15 días. En ese tiempo el presidente de la Comisión, Jorge Kalil Barreiro, se pronunciará al respecto. “Necesita familiarizarse con los datos como ocurre en cualquier trabajo”, dijo.

Adelantó que entre las primeras acciones que se tomarán como parte del plan básico  está el mejoramiento de la infraestructura de la universidad, para lo cual trabajarán en temas de señalética, iluminación, adecuación de las aulas y acceso a Internet, así como en infraestructura técnica y estética. “Por ejemplo, que las instalaciones eléctricas sean de calidad y no expuestas, con métodos que ya no se utilizan”, dijo.

Maritza Gallegos, estudiante de quinto semestre de la Facultad de Ciencias Administrativas, se quejó del mal estado de los baños. “Aquí hay que buscar  el que está  en mejores condiciones, que por lo general son  los del laboratorios de computación. Muchas veces no  hay agua y las puertas están dañadas”, indicó la alumna, quien desconocía de la intervención de la institución.  

Katherine Argudo, alumna de Administración, en cambio, dijo que las bibliotecas no tienen aire acondicionado, al igual que las aulas en las que reciben clases. “Será beneficioso para  los estudiantes de esta facultad, donde existe poca preocupación”.

En la facultad de Filosofía también se quejan del  estado de los servicios higiénicos  y de la falta de acceso a redes de telefonía celular. La estudiante Daysi Cañar, quien realiza el curso de nivelación, dijo: “dentro de las aulas no hay señal telefónica y hay que salir para recibir las llamadas”.

Además cuestionó la falta de preparación de los docentes. “Solo un 50% de los profesores tiene un desempeño adecuado, pero el otro tiene muchas deficiencias al dominar la cátedra”, opinó Cañar.

Según el informe del CES, el 63% de los maestros tiene solo título de tercer nivel y el 37% cursó una maestría y menos del 1% es PHD.

Precisamente la capacitación a los docentes está contemplada en la intervención que realizó el CES, además de los concursos de méritos para aplicar a los cargos de catedráticos titulares con el fin de fomentar la investigación.

Pedido de dinero aún se evidencia en la institución

Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas formaban largas filas para entregar los documentos que demuestran los cobros indebidos y exigir  la devolución de esos dineros. Uno de ellos fue Cristian Corral, graduado hace dos años y quien solicita la restitución de 1.200 dólares por pago de seminarios y otros documentos.

“Me dijeron que realice rápido los trámites para prevenir cualquier inconveniente. Aquí toda la vida se han dado irregularidades y robos, de hecho, aún continúan las colas y hay personas que trabajan en dos cargos y cobran. Estoy de acuerdo con la intervención porque confío en que se van a dar cambios. Aunque ya no estudio aquí me interesa que mejoren las maestrías para aplicar”, indicó.      

Jubilaciones y preocupación por acreditación

Según José Apolo, vicerrector académico de la Universidad, el tema de la jubilación fue un aspecto que se planteó en la reunión que mantuvo con las autoridades del CES y la Comisión: “Esto es una cuestión de humanidad que hay que resolver”.

Ayer, un grupo de exdocentes y extrabajadores jubilados pidieron conversar con el vicerrector sobre la solución a sus casos.

Pedro Valverde, quien trabajó como mensajero durante 40 años, contó que no ha recibido la liquidación que le corresponde. En ese sentido, dijo esperar que el subsidio del  60% y 70% para las jubilaciones que propone el CES “solucione este inconveniente”.     

Apolo también indicó que la intervención será un acompañamiento al trabajo de las autoridades, que el personal debe permanecer tranquilo para resolver los problemas, entre ellos, la acreditación de la universidad, pues afirmó que se han perdido varios documentos requeridos para ese proceso, aunque no precisó cuáles. “La acreditación se debió haber tratado con anterioridad, pero la asumimos en octubre. Lamentablemente con el cambio de las autoridades (de varias facultades) desapareció documentación”.

Al ser consultado sobre el informe del proceso de repetición, dijo que la Comisión  Especial designada por el Consejo Universitario que él preside elevó un informe al rector Carlos Cedeño para que se traslade la responsabilidad de las irregularidades denunciadas a los funcionarios involucrados: “El informe está presentado y le corresponde a asesoría jurídica y procuraduría  ejecutar los procesos como corresponde”.

Ante el alza injustificada de sueldos al personal del Hospital Universitario, dijo que el Ministerio de Relaciones Laborales  “tiene que responder   para que determine si existe o no el aumento”.  

Con respecto a la muerte de un estudiante fuera de la Facultad de Jurisprudencia que denunció  el presidente del CES, René Ramírez, el vicerrector sostuvo  que “esos son problemas de tipo penal y delincuencial. Se ha autorizado que ingrese la Policía y que haga vigilancia interna y externa junto con los guardias de la institución”.

Utilización de los 41 millones

Apolo aseguró que con el presupuesto  de 41 millones de dólares aprobado dentro del plan de intervención se ha propuesto a la Comisión Interventora vincular el Parque Científico Tecnológico de la universidad con  Yachay, la Ciudad del Conocimiento, a fin de que se coordine con el equipo de investigadores de la Senescyt.

Santos, en cambio, aseguró que dentro de los 41 millones de dólares está la compra de equipos de laboratorio, “pero se lo hará de una manera transparente, bajo la supervisión de la comisión interventora”.

Esto debido a las denuncias de varios docentes sobre presuntas irregularidades en los procesos de adquisición.

LA FORMACIÓN ACADÉMICA ES LA CLAVE

Guillaume Long, ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, respaldó ayer la decisión del Consejo de Educación Superior (CES) de intervenir, temporalmente, la Universidad de Guayaquil. “Esta resolución manda una potente señal de que no se puede violar la gratuidad en la educación”, dijo.

A su criterio, en un primer momento, se debería devolver los dineros que fueron cobrados de forma indebida  a los estudiantes; sanear el problema de cogobierno y el nepotismo.

Pero existen otros cuestionamientos de fondo. Long comentó que alrededor de un 70% del presupuesto de la Universidad de Guayaquil se destinaba a cargos administrativos. Una tendencia que, a su criterio,  podría ser reevaluada y enfocada a inversión en talento humano e investigación.

En el caso de la formación académica, explicó que la institución violó la Ley Orgánica de Educación Superior, al contar con pocos docentes de planta y no alcanzar el 60% de académicos con título de cuarto nivel que dicten cátedra. “Es una universidad muy politizada, muy clientelar, que no estaba al servicio de la formación de ciudadanos críticos y de profesionales de calidad”. Y acotó que la Universidad “está perjudicando no solo a 100 mil estudiantes, sino a la sociedad en su conjunto, y a la ciudad que es la que recibe a esos profesionales graduados en su seno”.

No descartó que existan buenos profesionales graduados, lo penoso es que quizá “no fue gracias a su universidad”.

Long cree que la intervención será positiva y que un incremento de formación académica para los docentes podría generar cambios. Explicó que, actualmente, ocho mil ecuatorianos estudian en el exterior. Muchos de ellos son docentes que tras culminar sus estudios en el extranjero retornarán al país para dedicarse a la academia.

También considera que la apuesta al trabajo investigativo es un aporte. El proyecto del Senescyt que permitirá incluir prometeos (expertos en investigación) en las universidades es gratuito. “En este momento nos acercamos a los 1.000 prometeos en el Ecuador, la meta para el próximo año es llegar a los 2 mil”, precisó el funcionario.