Angie Torres, de 32 años, padece síndrome de asperger, un trastorno del espectro autista (dificultad para socializar).

Pero su condición no impide que ella desarrolle una vida normal. Hace año y medio labora en el departamento de marketing de un hospital privado de Guayaquil. Allí ejerce la profesión de comunicadora social.

Angie es parte de las 87.030 personas con discapacidad que laboran en Ecuador. En 2011 había 9.911. Es decir que hubo un incremento de 779% en cinco años. En Guayas y Pichincha se concentra la mayor cifra.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay 1’653.000 personas con esa condición. Pero Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), explica que solo 414.240 poseen carné y 259.506 están en condición de trabajar (18 a 65 años). También hay quienes llevan años en busca de un puesto, sin obtenerlo.

El artículo 42, numeral 33, del Código del Trabajo, señala que el empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores, debe contratar, al menos, a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observando equidad de género y diversidad.

Daniel Caicedo, de 36 años,  completó 4 años desempleado. Está preocupado por su situación porque debe pagar la pensión alimenticia de sus dos hijos. “La última vez que percibí un sueldo fue en 2012. Atendía llamadas de emergencias en la Comisión de Tránsito, pero tuve que dedicarme a la carrera de Derecho”.

Torres asegura que 21.337 personas con discapacidad no tienen empleo, sin embargo, se reducirá el número con procesos de integración.
Desde 2010 han insertado, mediante ferias, a 13.818 miembros del colectivo en 8.253 empresas.

El Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad (SIL), añade, desarrolló 428 ferias. Esta semana se efectuó una en Quito y a finales de mes se realizará otra en el Secap, en Guayaquil.

Problema con empresas

El funcionario recuerda que han visitado 24.540 empresas, de diferentes sectores, pero no todas integran o dan cobertura. “No creo que pase por empresarios. Los departamentos de recursos humanos ponen las trabas”.

Por su parte, Angie Torres recuerda que sufrió rechazo de sus compañeros. “Gracias a una psicóloga del hospital, que intercedió y explicó mi trastorno, aún conservo este empleo”.

Asimismo, Daniel Caicedo se queja de que las empresas no están informadas, pues los puestos deben ocuparlos personas con una discapacidad de 40%.

“Las compañías dicen que no hay vacantes, pero los puestos son ocupados por personas con menos de 20% de discapacidad”.

Ese motivo lo llevó a crear el  Frente Ciudadanos de personas con Discapacidad (PCD) que -según Caicedo- funcionará como un ente vigilante  que dé cumplimiento a los derechos  laborales, sociales y educativos de este grupo de atención prioritaria.

El frente, precisa, está integrado por 25 miembros con discapacidad. La mitad está empleada.

El Conadis precisa que existen 799 miembros del colectivo de atención prioritaria con emprendimientos productivos; 21.360 reciben el Bono Joaquín Gallegos Lara ($ 240 mensual); y 126.533,  la pensión por discapacidad ($ 50 mensual). (I)