Plan de separación de residuos se aplaza en Quito por lío jurídico

- 25 de agosto de 2018 - 00:00
El 21 de noviembre pasado, cientos de recicladores protestaron frente al Municipio de Quito contra el plan de separación de residuos de la Alcaldía.
Foto: Archivo / El Telégrafo

El gerente de la Empresa Metropolitana de Gestión de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP), Carlos Arias Andrade, suspendió el 27 de julio la selección de un socio que gestione un sistema de separación de residuos de basura en Quito.

La resolución fue publicada en la página web de la institución municipal y comunicada a la firma Valoriza-Quito S.A., escogida en noviembre pasado como socia del Cabildo.

La suspensión fue decidida por Arias Andrade luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) respondiera a una consulta jurídica de la EMGIRS-EP respecto al procedimiento.

En su oficio, la PGE confirma que la búsqueda del socio estratégico debía contar con un reglamento autorizado por el directorio de la empresa municipal.

Dicha instancia aprobó el inicio de la selección, pero no fue sometido a su aprobación el reglamento con el que se escogió a Valoriza.

La firma y el Cabildo incluso habían negociado los detalles para la implementación de la alianza-estratégica.

Ahora, tras la declaración del concurso como desierto, el gerente de la empresa de gestión de residuos dispuso, también, la devolución de la Garantía de la Seriedad de la Oferta presentada por la compañía seleccionada.

Dispuso, además, la revisión de documentos para la elaboración de una propuesta de regulación de los procesos asociativos que será puesta a consideración del directorio.

El proyecto de separación de residuos busca que el nivel de reaprovechamiento de los desechos que genera la capital supere el 15%. En la actualidad, este indicador ambiental llega al 1,5%, según datos municipales.

En el proyecto se planea establecer un sistema de separación de residuos en la planta de transferencia de basura norte, ubicada en Zámbiza y mejorar la estructura existente en la planta de transferencia sur, que funciona en el sector El Troje.

El gobierno local calcula que la empresa seleccionada deberá invertir entre $ 20 millones y $ 25 millones.

La propuesta generó una protesta de recicladores el 21 de noviembre, quienes temen perder su trabajo. (I)

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