Es una de las voces más potentes de la oposición. Trató de llevar a juicio político a Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, para que explique por qué sancionaron a jueces que supuestamente no cumplieron con pedidos del expresidente Rafael Correa.

Esteban Bernal, de CREO, conversó con EL TELÉGRAFO sobre la consulta, su aplicación en la Asamblea y su proyecto de ley para eliminar el error inexcusable de la Ley Orgánica de la Función Judicial.  

¿Cómo evalúa los resultados de la consulta y el triunfo del Sí?
Una inmensa mayoría de ecuatorianos, el 70%, votó a favor del Sí. Con ello dijeron  basta a un proyecto caduco y corrupto que hizo daño al país. Rafael Correa se gastó $ 35.000 millones según la Comisión Cívica Anticorrupción. El pueblo fue claro y dijo ‘no queremos más a Correa y pedimos su jubilación’.

Él desaprovechó, desperdició y malgastó el mejor momento económico del país. Creó un sistema de corrupción y un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para controlar todos los poderes del Estado. La consulta fue un primer gran paso para  reinstitucionalizar el país.

¿Qué puede hacer la Comisión Ocasional Especial para aterrizar la consulta en leyes?
Tiene que procesar el resultado de la consulta, pero rápidamente, y no como la Comisión de Jubilados que duró 67 días en conformarse. La Asamblea debe hacer una agenda legislativa que complemente la consulta y trate los temas que quedaron de lado: la Ley de Educación Superior, la Ley de Comunicación y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Cuántas leyes deben reformarse por la consulta?
Más de 60 cuerpos. Por eso la comisión necesita una metodología distinta de trabajo emergente y no puede someterse a trámite y  discusión corrientes.

¿Por qué está empeñado en eliminar el error inexcusable?
He luchado por independizar a la justicia del poder político. He pedido la comparecencia del Presidente del Consejo de la Judicatura y he propuesto una normativa. El correísmo creó la figura del error inexcusable, que fue su brazo político para destituir y perseguir a jueces que se interponían y fallaban en contra de su proyecto político. (I)