En 15 días, tras su creación, la Comisión General de Admisión de Procesos de Reclutamiento y Selección de Aspirantes a las diferentes Escuelas de Formación de las FF.AA. deberá presentar un plan de unificación para el ingreso a las fuerzas Aérea, Terrestre y Naval, en función únicamente de aspectos meritocráticos.

Esa es una de las disposiciones del Acuerdo Ministerial Nº 067, suscrito por Fernando Cordero antes de su renuncia como Ministerio de Defensa, el martes pasado. En su discurso de despedida, el funcionario se refirió a las acciones para mejorar las condiciones de vida de la población militar y sus familias. Por ello, suscribió dos documentos encaminados a “eliminar todo resquicio de segregación o discriminación en la institución” armada.  

En este tema, el numeral 7 del artículo 61 de la Constitución estipula que las funciones públicas se desempeñará “con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación, con criterio de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades”. Incluso, el artículo 160 dispone que  “las personas aspirantes a la carrera militar y policial no serán discriminadas para su ingreso”.

Los cambios buscan desterrar casos como el de Michael Arce

La educación militar se divide en institutos de formación, perfeccionamiento y especialización, dependiendo a qué fuerza militar desee pertenecer el aspirante: Terrestre, Naval o Aérea. Hasta mayo de 2015 -según datos de las FF.AA.- se registraron 6.967 alumnos.

De ese universo de estudiantes, 4.076 aspirantes, entre oficiales y tropa, fueron a la Fuerza Terrestre, 1.836 a la Naval, 1.014 a la Aérea y 41 al Comando Conjunto de FF.AA. (Comaco); es decir, el 0,6% de todos los aspirantes. Al Comaco ingresan exclusivamente oficiales (ver caja de datos).

Actualmente los requisitos para ingresar, por ejemplo, a la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) son: ser ecuatoriano (a) por nacimiento e hijo (a) de padre y/o madre ecuatorianos; ser soltero y no tener hijos; ser bachiller; tener de 18 a 22 años; estatura mínima en varones  de 1,65 y mujeres 1,60; aprobar exámenes académicos, psicológicos, médicos, físicos y la entrevista personal; no haber sido dado de baja de ninguna Escuela de Formación Militar o de Policía por mala conducta; tener antecedentes intachables en su honorabilidad y conducta.

Finalmente, debe ubicarse dentro del cupo establecido por el Comando General del Ejército Orgánico General, según el promedio alcanzado en el proceso de selección. En este último punto, el cupo es establecido por una Comisión de Admisión, la cual engloba a las 3 fuerzas, al contrario de ahora, que  el encargado del proceso de selección es el Comando General de cada una de las ramas castrenses.

La Comisión de Admisión estará conformada por el ministro y viceministro de Defensa y el Jefe del Comando Conjunto.

Para la Escuela de Iwias, uno de los requisitos es pertenecer a una nacionalidad indígena de la región amazónica. Aquí, la nueva Comisión General de Admisión deberá determinar el procedimiento a seguir según las necesidades del Ejército.

Otras de las escuelas existentes son: de Formación de Soldados Vencedores del Cenepa; Escuela Superior Naval ‘Comandante Rafael Morán Valverde’; Escuela de Grumetes ‘Contramaestre Juan Suárez’; Arma de Infantería de Marina; Escuela Superior Militar de Aviación ‘Cosme Rennella Barbato’; Escuela Técnica de la Fuerza Aérea (ETFA); y, la Escuela de Infantería Aérea.

Militares en servicio pasivo apoyan los cambios estipulados en el Acuerdo Ministerial. Varios de ellos fueron consultados por este Diario y coincidieron en señalar que antes el ingreso a las FF.AA. era solo para familiares y allegados de los oficiales.

“Eran inscritos a la Esmil por recomendación o a la brava, por orden de altos oficiales que decían: ‘¡Carajo, hazle ingresar, te estoy ordenando!’”, relató  el sargento (r) Pablo Terán, representante de los militares en servicio pasivo.

Contaron que antes no importaban los méritos o si el aspirante era mal estudiante. Incluso, “un indígena o negro no podía entrar porque había discriminación”.

Una muestra de ello es el caso de Michael Arce, joven de 20 años, quien en 2011 recibió maltratos físicos y psicológicos por parte del teniente Fernando E. cuando se capacitaba en la Esmil.

El caso llegó a judicializarse como delito de odio racial, pues Arce es afrodescendiente y quería ser el primer general afro del Ejército. “Me frustraron y me robaron el sueño de toda mi vida”, afirmó entonces.

Liliana Méndez, madre de Arce, dijo que, incluso, al inicio del juicio  un alto oficial le sugirió desistir de reclamo, pues debía estar conscientes de una situación: “Mire quiénes son ustedes, y mire quiénes somos nosotros”. Al final, en noviembre de 2015 ganaron el juicio.

Se dio aquello pese a que la Carta Magna, en el numeral 2 del artículo 11 señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política”. (I)

DATOS

Según datos de las Fuerzas Armadas sobre educación militar, hasta mayo de 2015 existían 1.135 aspirantes a oficiales en los institutos de formación, y 2.570 aspirantes de tropa.

Del total de aspirantes a oficiales, 731 son para la Fuerza Terrestre; 238 para la Naval y 166 para la Aérea. En la tropa, 1.741 son para la Terrestre; 509 para la Naval y 320 para la Aérea.

En institutos de perfeccionamiento son 442 aspirantes a oficiales, de los cuales, solo 41 son del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco). En la tropa son 2.108 y ninguno es del Comaco.

En el Instituto de especialización son 150 aspirantes a oficiales: 83 de la Fuerza Terrestre, 17 de la Naval y 50 de la Aérea. Mientras que aspirantes de tropa son 562: 337 Terrestre; 29 Naval y 196 Aérea.

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Directivos eran casi juez y parte

Issfa asumió las obligaciones de Coecuagas

Entre el 15 de septiembre y 31 de diciembre de 2003, la auditoría de la Contraloría N° DA3-01-2005 determinó que las cuentas por cobrar que el Issfa mantenía con la Compañía Ecuatoriana de Gas (Coecuagas S.A.), empresa que tiene actualmente cancelado su registro en la Superintendencia de Compañía, ascendió de $165.392 a $1’319.813, es decir, una diferencia de $1’254.421, producto de las obligaciones asumidas en esos meses por el Issfa como garante de la compañía.

El 28 de noviembre de 2003, el Issfa canceló a Cofiec el valor de $ 220.284 por aporte de Coecuagas con autorización del consejo directivo de la entidad militar.

Se autorizó retirar la participación accionaria del Issfa de Coecuagas con el fin de reducir las pérdidas del instituto militar, debido a que era garante de los préstamos de dicha empresa y resolvió autorizar “la aportación de $ 250 mil para liberar la planta y el terreno de Coecuagas y tomar posesión de los mismos, haciendo efectiva la dación de pago resuelta por Coecuagas”, reposa en el documento, aunque solo canceló $ 220.284.

A final de 2003 también la auditoría demostró que en la cuenta de “otros activos corrientes” se encontraba una subcuenta de “inversiones ignoradas” por $730.813 con los que el Issfa garantizaba obligaciones bancarias de Coecuagas como “la póliza de acumulación del Produbanco de 14 de julio de 2003 por $656.813, que fue efectivizada el 14 de enero de 2004 y que incluye garantías de inversión con el Cofiec por $74.000”. El informe de Contraloría concluye que se incumple con la ley del Issfa, puesto que las inversiones de Coecuagas no garantizaban la estabilidad financiera del Issfa.

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías el también director del Issfa en ese tiempo constaba como presidente de Coecuagas y su gerente era también director económico financiero del Issfa entre 2003 y 2007. El exdirector del Issfa en 2002 también fue presidente de esa empresa durante ese año. El 24 de enero de 2012, en la resolución 3.052 de la Contraloría, se decidió desvanecer la responsabilidad civil por el valor de $15.820 a los exdirectores de la entidad militar y al exdirector económico financiero, debido a que la capacidad de la Contraloría para pronunciarse por los valores observados en la auditoría habría caducado, ya que –según los acusados alegaron- los egresos correspondían a 1993, antes de ser aprobada la norma que permitía a la entidad de control realizar auditorías externas.

Del total se recuperaron $ 5.587 y la recuperación de la diferencia, de $ 10.232, registrada en “cuentas por cobrar”, queda bajo “responsabilidad de la entidad”, dice la resolución (I).