Este 20 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 212, con el que oficializó el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, un cuerpo normativo que redefine cómo se gestionan, custodian y sancionan las actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

Un reglamento para una red de 26 millones de hectáreas

El documento, que entrará en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial, moderniza la operación del SNAP, que abarca más de 26 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos. Con esta reforma también se incorpora el artículo 149.1 al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, donde se establece que las infracciones cometidas dentro de áreas protegidas serán sancionadas directamente por la autoridad competente en esos territorios. 

Sanciones, control y guardaparques fortalecidos

El nuevo marco regula la formación, certificación y condiciones operativas de los guardaparques, pieza clave en el control territorial. El objetivo: elevar los estándares profesionales y operativos de quienes vigilan los espacios naturales más sensibles del país.

Además, se incorpora un fideicomiso público que garantizará recursos permanentes para labores de control, monitoreo de biodiversidad, atención a visitantes y turismo sostenible.

Participación indígena y comunitaria

El reglamento también refuerza la participación activa de pueblos indígenas, comunidades locales y gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo esquemas de cogestión y gobernanza colaborativa.
Esto implica mesas de diálogo, responsabilidades compartidas y nuevas reglas para una gestión ambiental más inclusiva y efectiva. 

Seguridad y sanciones: protocolos más estrictos

El país enfrenta crecientes amenazas como minería ilegal, cacería y tráfico de especies. Este reglamento incorpora protocolos de seguridad para reforzar el control y vigilancia, con respuesta rápida ante actividades no autorizadas o situaciones de riesgo dentro de áreas protegidas.
A esto se suma la modernización de los procesos de sanción, alineados a estándares internacionales. 

¿Qué implica para el país?

Con este decreto, Ecuador avanza hacia una gestión ambiental más técnica, profesional y con financiamiento permanente. Para las comunidades, puede significar mayor participación; para los guardaparques, mejores herramientas; y para los infractores, un sistema de sanciones más claro y riguroso.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) October 31, 2025