Miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fundó Cáceres, se plantaron a un costado de un juzgado de Tegucigalpa, donde se desarrolla una audiencia contra el empresario Roberto Castillo, quien está detenido como presunto autor intelectual del asesinato de la ambientalista.

"¡Berta vive!" y "¡Justicia para Berta!", estaban entre las consignas de los manifestantes, quienes portaban pancartas con la fotografía de la ambientalista.

"Tenemos dos años pidiendo justicia" para Berta, dijo a periodistas el diputado opositor Rafael Alegría, quien participó en la movilización.

Agregó que la protesta es una "muestra de solidaridad" a la familia de la ambientalista y líder de la etnia lenca, lo mismo que al Copinh, organización de la que Berta Cáceres era coordinadora.

Alegría, parlamentario del opositor partido Libertad y Refundación (LIBRE) y dirigente campesino, dijo que si Roberto Castillo tiene "alguna responsabilidad" en el "horrendo crimen" de Cáceres se le deba aplicar la ley.

Castillo fue detenido el día 2 de marzo en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, cuando al parecer pretendía salir del país.

El detenido, según la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, habría sido el encargado de facilitar los recursos logísticos y de otro tipo a uno de los autores materiales del asesinato.

Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, donde residía, al parecer por dos hombres armados, cuando Castillo era presidente ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que ejecutaba un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista.

Por este caso también guardan prisión Sergio Ramón Rodríguez (gerente de DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz (oficial del Ejército), los hermanos Edilson Atilio y Eusebio Duarte; Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández y Óscar Aroldo Torres. (I)