Como estaba previsto, este viernes 14 de diciembre la mayoría de los trabajadores de Francia acataron el paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en solidaridad a la lucha social del movimiento ciudadano “chalecos amarillos”. Esta huelga fue la antesala de una gran y quinta movilización prevista para este sábado 15 de diciembre en el país.

La medida de fuerza fue anunciada por el principal sindicato francés el pasado 11 de diciembre al fracasar las negociaciones con el Gobierno sobre reivindicaciones salariales.

“Debemos actuar por un aumento real e inmediato de los salarios, las pensiones y la protección social”, indicó el llamado de la CGT que apoya la recuperación del poder adquisitivo de los franceses.

El secretario general de la CGT, Philippe Martinez, llamó a una convergencia de luchas, a multiplicar las acciones de protesta y continuar la presión contra el ejecutivo de Emmanuel Macron, durante una intervención en la cadena local BFM TV.

Esa organización, junto a otras de izquierda, también instó a los franceses a sumarse a las manifestaciones, que hace casi un mes protagonizan los chalecos amarillos contra el aumento de los impuestos del combustible.

Desde entonces se han convertido en una expresión de enojo general por los altos costos de la vida, la pobreza y la desigualdad en Francia.

Macron anunció el lunes pasado la subida en 100 euros del salario mínimo (ahora de 1.498 euros brutos, entre una serie de medidas para responder a las peticiones de los manifestantes, pero las concesiones del mandatario no frenaron las protestas.

Este viernes 14 de diciembre hizo un llamado a la calma y aseguró  que su país necesita “recuperar un funcionamiento normal”.

Denuncias

Amnistía Internacional (AI) denunció este viernes 14 de diciembre un uso “excesivo” de la fuerza por parte de las autoridades francesas contra manifestantes y periodistas durante las protestas de los “chalecos amarillos”, así como contra estudiantes de bachillerato que participaron en las movilizaciones de las últimas semanas.

“Las autoridades francesas deben actuar con moderación durante las manifestaciones previstas para este sábado 15 de diciembre y evitar cualquier repetición de las lesiones causadas por su extremadamente dura respuesta a las protestas de los “chalecos amarillos” y movimientos estudiantes”, señaló la organización.

AI detalló el uso de pelotas de goma, granadas y gases lacrimógenos contra manifestantes “que no amenazaban el orden público” y dijo haber documentado casos de excesos por parte de la policía.

“Aunque ejercer su labor en manifestaciones es una tarea difícil y algunos manifestantes han cometido actos violentos e ilegales, es esencial que las normas de derechos humanos internacionales y franceses se respeten”, manifestó el activista Rym Khadhraoui, investigador para Europa Occidental de AI.

Khadraoui instó a los agentes a ejercer un uso de la fuerza limitado a lo “estrictamente necesario”.

AI recordó que 1.407 personas resultaron heridas durante las protestas, que comenzaron el 17 de noviembre, 46 de ellas de gravedad y 717 fueron policías o bomberos.

AI reclamó que “el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía” sea objeto de una investigación “independiente, imparcial y efectiva”.

Además se hizo eco de la violencia que numerosos periodistas denunciaron haber recibido en “agresiones deliberadas”.

En este sentido y en la víspera de una nueva protesta de los “chalecos amarillos”, Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció también esas agresiones contra la prensa y la negativa de los agentes a permitirles el acceso al terreno y la requisa del material de trabajo y de protección.

RSF recordó los derechos recogidos en la Declaración de Derechos Humanos en cuanto a la libertad de prensa, así como la autorización legal de conservar objetos que puedan servirles de protección.

Diversos monumentos y museos cerrarán de nuevo este sábado 15 de diciembre como medida de seguridad debido a la manifestación. Se desplegarán 89.000 policías y gendarmes. (I)

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Líderes de la UE avalan reformas para la Eurozona

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea dieron este viernes 14 de diciembre su visto bueno al acuerdo para reforzar la Eurozona frente a posibles futuras crisis, que incluye medidas para mejorar la respuesta ante quiebras bancarias y dar más poder al Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate.

En la declaración adoptada ayer en la cumbre del euro, los líderes comunitarios -salvo Reino Unido- piden también empezar a trabajar en un “instrumento presupuestario para la convergencia y la competitividad en la Eurozona”, cuyas características quieren tener acordadas en junio de 2019.

Tal como preveía el acuerdo sellado por los ministros de Economía y Finanzas del área de la moneda única (Eurogrupo) a principios de mes, los líderes aprobaron la puesta en marcha del cortafuegos para el Fondo de Resolución Bancaria europeo, que debe servir como financiación de último recurso para resoluciones de bancos en quiebra.

Esto se implementará antes de lo previsto inicialmente (2024), “siempre que se hayan hecho progresos suficientes en la reducción de riesgos”, lo que se evaluará en 2020.

Asimismo respaldaron una reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que, según los términos acordados por el Eurogrupo, le dará más competencias en la vigilancia económica de los países y el diseño de futuros rescates financieros.

Los líderes piden a los ministros que preparen los cambios necesarios en el tratado del MEDE para junio de 2019. (I)