Sucumbíos, una de las provincias fronterizas de Ecuador, atiende al mayor número de personas (119), a través del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos (SPAVT) que dirige la Fiscalía, por disposición constitucional.

De acuerdo con las rendiciones de cuentas de 18 de las 23 fiscalías provinciales del país, efectuadas hasta el viernes en forma presencial y otras virtual, se dio a conocer, en 11 de ellas, que 635 ciudadanos forman parte de este sistema, ya como víctimas, testigos o víctimas indirectas.

Si existen evidencias de que la vida de una persona corre peligro, se denunciará el caso en la Fiscalía más cercana, el SPAVT gestionará su protección.

Solo en la provincia de Sucumbíos, 119 personas ingresaron el año pasado al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos, a cargo de Karen Soledispa.

Ellas recibieron atención psicológica, ayuda económica, protección policial entre otros beneficios, informó el fiscal provincial, Carlos Jiménez Tillaguango, durante su rendición de cuentas 2019.

También la Fiscalía de Imbabura,  a través del  SPAVT atendió a 89 personas en peligro, dijo Ghen Rea en su informe de gestión del año pasado.

Así también el fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, manifestó que este sistema recibió a 86 ciudadanos por causas denunciadas y relacionadas con 14 delitos.

En Esmeraldas, otra provincia de la frontera norte, son atendidas en el programa 42 víctimas, nueve testigos y 10 víctimas indirectas, indicó el fiscal provincial  Carlos Espinoza.

En Morona Santiago, el sistema recibió a 18 protegidos, víctimas de diferentes delitos, quienes recibieron asistencia psicológica, social y protección física, dijo en su rendición de cuentas la fiscal Anita Madero.

La Fiscalía de Tungurahua protege y acompaña a las víctimas de principio a fin, y cuenta con 74 personas en el programa SPAVT,  a quienes brindan alimentación, vestimenta y educación por medio de autogestión.

En las provincias de Chimborazo, Santa Elena, Cañar, Carchi y Los Ríos también acogieron a las víctimas y testigos. (I)