El Consejo de la Judicatura (CJ) y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) suscribieron, este jueves 17 de agosto, un convenio de cooperación para garantizar el acceso a los servicios de justicia para las personas con discapacidad

De acuerdo con información difundida por la Judicatura, ambas entidades acordaron conformar un Comité Interinstitucional que estará integrado, a más de los delegados del CJ y del Conadis, por los representantes de los ministerios de Justicia y del Interior; Defensoría Pública y del Pueblo; de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); y de la Fiscalía General del Estado. Ellos se encargarán, en un plazo estimado de tres meses, de aprobar los “Protocolos y Rutas para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Entre las acciones emprendidas por la Judicatura para atender a este grupo se encuentra el mejoramiento en el acceso a las dependencias judiciales y la capacitación a 3.675 funcionarios en el Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad, que fue elaborado en 2015 junto con el Conadis.

Gustavo Jalkh, presidente del CJ, comentó que para evitar el incumplimiento de esta guía, las personas con discapacidad pueden denunciar, con pruebas, el maltrato del que son objeto. Advirtió con sanciones si fuese el caso.

Xavier Torres, titular del Conadis, indicó que es necesario trabajar de manera articulada con las instituciones para generar instrumentos que permitan a las personas con discapacidad y añadió que es necesario que los jueces cuenten con una guía para mejorar sus actuaciones.

En esa línea, Torres dijo que -en coordinación con la Judicatura- se certificarán a los peritos en lengua de señas para que apoyen a las personas sordas.

Asimismo, indicó que estos protocolos serán de utilidad no solo para el trabajo que realiza la Función Judicial, sino para la labor que ejercen los Consejos Cantonales de Protección de Derechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados los Gobiernos Desconcentrados a nivel nacional. Todo en cumplimiento a lo que establece la Constitución y la normativa nacional e internacional vigente.

Una vez aprobados los protocolos, se imprimirán 10 mil ejemplares que serán distribuidos entre las instancias destinadas a proteger los derechos para su respectiva difusión. (I)