Fiscalía investiga la muerte de un hombre por presunto ajusticiamiento indígena en Chimborazo
El deceso de un hombre de 36 años de edad, oriundo del cantón Colta, es investigado por la Fiscalía de Chimborazo. Según los familiares, el ciudadano fue bañado, ortigado y golpeado por miembros de una comunidad de la parroquia Punín, en el cantón Riobamba.
La familia asegura que José Ch. fue interceptado a pocos metros de llegar a su vivienda, ubicada en la comunidad de Pulucate, en el cantón Colta, cuando varias personas descendieron de dos camionetas y lo llevaron hasta la comunidad de Lanlan, en Punín.
“En este lugar le amarraron, le golpearon, supuestamente por una pelea después de un partido de vóley, cuando nosotros le fuimos a ver estaba muy mal, tuvimos que ir con la policía a sacarle” indicó Delia Ch., hermana del fallecido.
José Ch. ingresó al Hospital General Docente de Riobamba inconsciente, horas después falleció en esta casa de salud, posteriormente fue trasladado hasta la morgue de Riobamba, donde se le realizó la necropsia del caso.
“El señor sufrió una embolia cerebral, esa fue la causa de la muerte y tenía problemas del corazón, el informe físico nos mostró que tenía una laceración en el muslo izquierdo, equimosis (lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasada debajo de la piel intacta) a la altura de los brazos, bíceps y en la pierna derecha”, indicó Ángel Lema, fiscal de turno.
El cuerpo de José Ch. fue trasladado hasta la comunidad de Pulucate, donde se realizan los funerales. La víctima deja en la orfandad a dos niñas. “Queremos justicia, no es posible que se lo lleven para castigarlo y termine las cosas así, esa no es la justicia indígena, le atacaron entre varias personas, le amarraron con soga, le bañaron con agua fría”, manifestó Lorenzo P., cuñado del fallecido.
Según el artículo 171 de la Constitución “la justicia indígena aplicará este mecanismo para la solución de conflictos internos y que no sean contrarios a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.
Al momento el caso es investigado en dos jurisdicciones, en Colta, basados en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que la persona que prive de la libertad, retenga, oculte o traslade a un lugar distinto a una o más personas en contra de su voluntad será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Mientras que en Riobamba se investigará el caso por presunto asesinato. (I)
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