La audiencia de juzgamiento del caso Triple A fue dejada sin efecto y postergada de manera indefinida por el Tribunal que conoce la causa, una decisión que ha generado cuestionamientos por el manejo de un recurso procesal.

El proceso penal investiga un presunto esquema de desvío, comercialización y almacenamiento ilegal de combustible subsidiado, en el que constan 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles A., quien mantiene una medida cautelar con dispositivo de vigilancia electrónica.

El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado está integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Gabriela Lara Tello y Consuelo Tapia Guerrón.

Recurso de aclaración y nueva suspensión

La empresa FUELCORP presentó inicialmente un pedido de nulidad, que fue negado por el mismo Tribunal; luego interpuso un recurso de aclaración y ampliación sobre esa decisión.

Este tipo de recurso es resuelto por el propio Tribunal y tiene un alcance limitado, orientado a aclarar o ampliar puntos específicos sin modificar el fondo de lo ya resuelto.

Sin embargo, el Tribunal optó por dejar sin efecto la audiencia previamente convocada para “reflexionar” sobre la decisión que adoptará respecto a ese recurso, lo que derivó en una postergación indefinida del juicio.

El proceso se ha postergado en catorce ocasiones.

Dudas razonables y debate público

Las dudas sobre la decisión responden a falta de solvencia para despachar el recurso o a una actuación deliberada que afectaría el principio de celeridad y la continuidad del proceso.

El episodio reabre el debate sobre la responsabilidad de los tribunales especializados en garantizar una justicia eficiente, técnica y oportuna, especialmente en causas vinculadas a corrupción y crimen organizado.

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