Pese a que hoy finaliza el estado de excepción en el sistema carcelario, las Fuerzas Armadas continuarán con el control de armas y explosivos en los exteriores de los centros de rehabilitación, indicó el teniente de fragata Édison Casco, oficial a cargo del control al ingreso de la Penitenciaría del Litoral.

Confirmó que el primer filtro de ingreso a los centros, el cual estaba a su cargo, pasará nuevamente a ser responsabilidad de la Policía y que su área de acción serán los perímetros, donde realizarán operativos preventivos.

Aseguró que los controles de las Fuerzas Armadas han generado malestar en los visitantes que no estaban acostumbrados a la rigurosidad de los registros. Pero, esto logró disuadir a las personas de ingresar objetos prohibidos.

“Se han encontrado objetos pequeños, como cuchillos y celulares, pero el número de casos se ha reducido drásticamente”, indicó.

Los militares resguardarán los centros de rehabilitación social (CRS) hasta que concluya el estado de excepción, expresó Edmundo Moncayo, director del Servicio Integral de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), durante una entrevista en Radio Vigía FM.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo del 15 de julio, hoy jueves concluye la declaratoria de emergencia en las cárceles del país y con ello la presencia de los militares en los exteriores de los CRS.

Sin embargo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, consideró la posibilidad de ampliar el estado de excepción. “Es una crisis que se ha cocinado durante años y no se corregirá de un día a otro”.

Romo manifestó que se colocaron francotiradores de la Policía en las áreas de mayor peligrosidad de las cárceles para controlar de alguna manera los actos violentos, así como se ha iniciado la clasificación de los privados de libertad, mientras se espera  la creación de un tribunal de jueces de garantías penitenciarias para tratar el tema del hacinamiento.

Tiempo aprovechado
Desde el 1 de agosto las cárceles cuentan con un cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria profesionalizado, sostuvo Moncayo al referirse a las estrategias aplicadas durante la emergencia.

Este personal con valores éticos reemplazará las insuficiencias que se tiene en el sistema de seguridad  y en el sistema de atención de personas privadas de la libertad.

El funcionario agregó que en los próximos días se convocará a 500 aspirantes a guías penitenciarios. La formación será de seis meses.

En esta línea mencionó la capacitación de 1.500 agentes por videoconferencia. Hasta el momento toman las evaluaciones respectivas. Mañana procederán a la imposición del mejor puntuado.

Moncayo en la entrevista aseguró que se bajó el 0,5% el hacinamiento. En dos meses se presentaron a los jueces penales  los respaldos de los internos que  cumplieron su régimen cerrado  (60% de la pena), para que determinen su prelibertad. “Hemos entregado a los jueces 1.800 carpetas. Las autoridades tienen pendientes 6.200 casos”.

En cuanto a la reclasificación de los privados de libertad, estudian que 14 o 15 CRS sean solo para presos de mínima seguridad, cuatro o cinco para mediana y dos o tres para máxima seguridad.

La reubicación de los jóvenes infractores es otra medida contra el hacinamiento.

Fernando Sánchez, funcionario del SNAI, dijo que se realizó una reclasificación en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, en Quito. Se separó a los adolescentes de los adultos que fueron movidos a otros centros penitenciarios.

El defensor público, Ángel Torres, añadió que se incrementó el despacho de audiencias para que no haya detenidos bajo prisión preventiva. Agregó que ahora se atienden unas 17 diligencias diarias, antes solo se despachaban seis. (I)