El hacinamiento creció 39% en cuatro años

- 24 de junio de 2019 - 00:00
Miembros de las Fuerzas Armadas apoyan en los controles permanentes en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral.
Foto: Karly Torres / ET

El presidente de la comisión estimó que al finalizar las comparecencias, en un lapso de 48 horas, se elaborará un informe que se presentará a la Asamblea.

La Comisión de Relaciones Internacionales y de Seguridad de la Asamblea aún necesita la presencia de las autoridades del Gobierno para tratar sobre la crisis carcelaria en el país.

“Solo así se podrá levantar un informe para conocer lo que pasa en los centros de rehabilitación social”, advirtió Fernando Flores, presidente de la mesa legislativa.

La semana anterior, los integrantes de la comitiva esperaron a María Paula Romo, ministra del Interior, y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Ninguno asistió a la cita.

La convocatoria se realizó por los hechos violentos registrados en las cárceles del país, especialmente en la Penitenciaría, en Guayaquil, donde se produjeron enfrentamientos entre internos con víctimas fatales.

Solo entre enero y junio de 2019 fallecieron 49 personas privadas de libertad (ppl).

Romo delegó al viceministro Patricio Pazmiño, quien se refirió al hacinamiento como el principal problema. La capacidad en las cárceles es de 28.554 personas, pero hay 40.771 internos. Es decir, una sobrepoblación de 40% (ver cuadro).

Pazmiño advirtió que esta problemática es por la falta de capacidad numérica para controlar a los presos, de ahí se deriva el problema de inseguridad.

El presidente de la mesa opinó que se debe ordenar la ubicación de los internos, ya que hay centros con menos población. De esta forma sería más sencillo controlarlos.

En cuanto al control de seguridad, Flores dijo que se debe crear un sistema jerárquico para que los guías adquieran roles específicos.
“Necesitamos gente capacitada para llevar adelante un proceso de custodia ordenado”, reiteró.

Con este criterio coincidió Freddy Carrión, defensor del Pueblo, quien añadió la necesidad de dar atención en los centros de las provincias que reflejan hacinamiento.

Citó como ejemplo, la Penitenciaría de Guayaquil que alberga a cerca de 10.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 5.000.

Carrión detalló que en 2015 -cuando se inauguraron los centro regionales de rehabilitación social- hubo el 1,72% de hacinamiento, hasta 2017 la sobrepoblación era el 22% y en lo que va de 2019 el 40%.

“Esa situación ha derivado en la falta de seguridad, de servicios básicos, rehabilitación y eso genera niveles de violencia”, advirtió.
Carrión está convencido de que una forma de erradicar esta situación es con la creación de más centros de rehabilitación social.

“Más cárceles que además tengan una buena provisión de servicios básicos”.
Acciones implementadas

Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), acudió a la comisión para detallar sus acciones implementadas.

Si bien, su ponencia fue reservada, a través de la cuenta de Twitter del SNAI se conocieron algunas actividades.

Una de las primeras es el establecimiento de principios para una gestión eficiente. Entre ellas inversión inicial y continua, readecuación de la conducta y selección de personal para rehabilitación.

Además se mantienen los miembros de las Fuerzas Armadas para evitar que se ingresen objetos prohibidos y de la Policía Nacional en los pabellones de difícil adaptación.

María Paula Romo informó, a través del Twitter del Ministerio del Interior, que en lo que va del año la Policía ejecutó 190 requisas.

Con eso se retiraron 15.000 armas cortopunzantes y alrededor de 20 armas de fuego.
La Ministra advirtió que mientras llegan soluciones definitivas, tanto militares como policías respaldarán el trabajo del SNAI.

Otras convocatorias

Sin especificar fechas, Flores dijo que insistirán en llamar a la ministra Romo y al ministro Martínez, especialmente, para conocer los desembolsos que se han realizado para el tema penitenciario.

La mesa legislativa también convocó a Ernesto Pazmiño, exdirector del SNAI, quien renunció el 31 de mayo alegando “motivos personales para su salida”.

Diario EL TELÉGRAFO buscó la versión de Pazmiño. A través de un mensaje, el exdirector aseguró que está a la espera de que se le fije nueva fecha para acudir a la Asamblea y aseguró que no fue notificado la semana pasada. (I)

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