El accionar de ciertos jueces en el país siempre se ha visto influenciado por los nexos de amistad que a veces tienen los implicados. Es decir, que a los que son amigos se los exime de toda culpa, mientras que a los que no son conocidos sí son investigados. Esto me recuerda el caso Fybeca, donde la actuación del fiscal de la causa no tuvo un comportamiento ético durante el proceso de investigación.

Algo que hay que tener en cuenta es el trabajo que realiza el Consejo de la Judicatura,   donde sus miembros aseguran que solo pueden actuar en las compras de inmuebles y en la parte administrativa. Esa interpretación es errónea porque la propia Constitución vigente establece que este organismo debe velar por el buen funcionamiento del sistema de justicia en el país.

Eso quiere decir que el Consejo de la Judicatura sí tiene la potestad de sancionar a los malos jueces que han llevado el sistema judicial al descrédito.

Lamentablemente este organismo no ha cumplido con esa labor que los ecuatorianos les encomendamos a través de la Carta Política, que, básicamente, es la de castigar las malas actuaciones de los jueces que imparten justicia en nuestro país.

Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura no ha encabezado ese cambio radical en el sistema judicial.