Alrededor de 45 familias del cantón Antonio Ante, en Imbabura, deberán desalojar un predio ubicado en la hacienda Sangrilag, en el que planificaban asentarse.

El desalojo se produce por una orden del Municipio; la institución considera que la zona no es apta para la edificación de viviendas, por lo que ha negado los permisos de construcción que reclaman los afectados.

Incluso, esta semana, comisarios municipales, acompañados de miembros de la Policía y al mando de operarios de maquinaria pesada, destruyeron cuatro casas en el lugar.

La acción tomó por sorpresa a los cooperados, quienes habían interpuesto un recurso ante la Defensoría del Pueblo  con el fin de evitar el desalojo y garantizar los permisos de edificación necesarios.  Sin embargo,  la petición fue negada.

Durante la demolición hubo incidentes entre los propietarios de las parcelas y los policías, pues los primeros intentaron evitar a toda costa  que se cumpla la orden municipal.

Los perjudicados reclaman a Geoconda Pérez la devolución del dinero que pagaron por los terrenos y la acusan de estafa.