El presidente de la República, Rafael Correa, tomará este fin de semana una resolución sobre el pedido del titular de la Asamblea, Fernando Cordero, para que se prolongue la vigencia del estado de emergencia o de excepción en el recinto legislativo.

Esta sería la quinta ocasión en la que se ratifica la disposición  que permite que los elementos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.)   continúen con el resguardo de las instalaciones parlamentarias.

El último decreto de excepción,   número 846, que rige desde el pasado  8 de agosto que se extendió la emergencia por 60 días  en la Asamblea,   concluye hoy su vigencia.

Carlos Oñate,  coronel de Estado Mayor de las FF.AA. y  comandante de la escolta legislativa, quien está a cargo de la seguridad en la Asamblea, anota que los uniformados trabajan normalmente y   esperan recibir la notificación respectiva para continuar con la tarea encomendada.

En las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que según el presidente  Cordero,  que  será discutida con las diferentes bancadas este lunes y estaría lista para el primer debate en los próximos días, se    definirá si se mantiene la estructura de la escolta legislativa, compuesta exclusivamente por  militares, o si se conforma una fuerza mixta en la que habría también  policías.

Esta propuesta fue   sugerida por  los asambleístas Paco Moncayo (AL),  Virgilio Hernández (AP) y Fernando Aguirre (PSP).

Oñate aclara que el trabajo que realizan los militares en el edificio legislativo es  diferente al de las unidades militares.

“Aquí,  el asunto es  cumplir con los protocolos de seguridad y    lo  complementamos con las ayudas técnicas,  pero hemos tratado de acoplarnos a la funcionalidad del edificio, al contacto con la prensa  y con los asambleístas”, sostiene.

Los miembros de las tres ramas de las FF. AA. que resguardan el recinto legislativo recibieron capacitación por parte de personal militar y de la Dirección de Tecnología de la Asamblea  sobre el funcionamiento de los sistemas de seguridad integral:   control de accesos,   cámaras,  manejo de escáners,  rondas móviles,  relaciones internacionales,  relaciones humanas, trato a los funcionarios y   visitantes.

Oñate esperará   instrucciones si se    aplica  una modalidad similar a la  que hay en el Palacio de Gobierno, en el que, a más de  la escolta presidencial, funciona  una Oficina de Coordinación de la Policía que se encarga del tránsito.

La decisión gubernamental de declarar en emergencia al Legislativo se produjo como consecuencia de los hechos registrados el pasado 30 de septiembre de 2010, cuando se registró la revuelta policial y en la que participaron elementos de la escolta legislativa que posteriormente fueron sancionados. Los militares se hicieron cargo de la custodia y los antecesores reasignados.