Nelson Fiallos es habitante del bloque 6 de Flor de Bastión y con el fin de  abastecerse de agua potable paga a los tanqueros. Estos vehículos llegan al sitio luego de realizar difíciles maniobras porque a lo largo de las calles sin pavimentación hay baches y zanjas.    

La Empresa Municipal de Agua Potable (Emapag), a través de la concesionaria Interagua,  inauguró en enero pasado varias conexiones para abastecer del servicio básico a más de 10 mil moradores. Mientras que la instalación del alcantarillado sanitario recién culminará en 2014.

A los usuarios beneficiados les correspondió la instalación de las redes intradomiciliarias de agua, pero Fiallos, en cambio, usa tanques de metal para conseguir el líquido. “Hay días en que los tanqueros no vienen porque les resulta mejor y menos pesado vender el agua en Sergio Toral y Monte Sinaí”.

Estas y otras quejas sobre el servicio de agua potable están siendo recogidas por la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos que gestiona plantear una denuncia para que se aplique la cláusula 11 del contrato de concesión a Interagua.     

El estatuto exige a la empresa mantener un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros (personas o propiedades) en caso de pérdidas relacionadas con el servicio de la concesionaria, hasta por 10 millones de dólares.

Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos, aseguró que se recorrerán los sectores populares para conocer  las afectaciones por la labor que realiza Interagua. “Hay desinformación porque mucha gente desconoce la obligación de responder por el mal servicio”, aseguró Carrasco.

Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, informó que la empresa se maneja con varias aseguradoras para cumplir con la cláusula 11, aunque no especificó cuántas y cuáles.  

Puntualizó, además, que solo son cubiertas las reclamaciones relacionadas directamente con los trabajos de la concesionaria, es decir, con obras y el estado de las redes de agua. “No cubrimos daños por causas climáticas si nos vamos a referir a los anegamientos”, dijo Florsheim, quien se reservó los datos acerca de a cuántas personas y por qué monto se ha tenido que indemnizar desde que se trabaja para el Cabildo.

Carrasco, por su parte, no descartó reunir firmas para solicitar la terminación del contrato con la empresa que opera en el cantón desde 2001. La Junta Cívica Popular de Guayaquil (JCPG) hace pocos días también anunció una medida similar mediante un petitorio a la Defensoría del Pueblo para solicitar la revocatoria del servicio de Interagua.

Miriam Buri, presidenta de la JCPG, hizo referencia a los anegamientos que se presentan tanto en sectores urbanos como periféricos.

Aunque la cantidad de precipitaciones pluviales ha disminuido en los últimos días, Buri aseguró que tampoco se puede esperar a nuevas consecuencias por las fallas en el sistema de drenaje. “Vivimos, como nunca, una auténtica emergencia el mes pasado y antes de que se generen más pérdidas materiales y humanas pedimos una revocatoria del contrato con Interagua”.

Según Buri, las quejas por el servicio de agua potable y alcantarillado provienen de zonas populares del norte y del sur. “Tenemos un alcantarillado de más de 30 años, por lo que las inundaciones no son solo culpa de las mareas altas sino también de las administraciones que han pasado por la Alcaldía de Guayaquil, que no solucionan el asunto”.

La dirigente criticó que Emapag haya decidido dar continuidad a Interagua. “Ellos -Emapag- pueden dar fe también de las llamadas de atención”, afirmó Buri.  

Hasta diciembre de 2012, Interagua ha recibido multas por más de $5 millones por conceptos como incumplimiento de plan de trabajo, cobros indebidos y contaminación del río Daule.