Que los directivos de los clubes incumplan la legislación laboral y las propias resoluciones que toman a inicios de cada año son, según Jorge Guzmán -gerente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE)-, las causales para la grave crisis económica que atraviesa el balompié profesional del país.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no hace respetar la normativa. En enero de 2015, por ejemplo, entre las resoluciones tomadas por los representantes de los clubes se acordó que cada institución de balompié profesional presente en forma obligatoria los presupuestos de sus campañas anuales debidamente justificados.

Esto, a criterio de Guzmán, no se respetó, como tampoco se respeta la normativa laboral general ni la estipulada en el Acuerdo Ministerial que expidió en enero pasado el Ministerio de Trabajo, a través de la cual se regulan las relaciones laborales entre entidades deportivas y deportistas profesionales.

En 2015, como ocurrió hace 2 años, la mayoría de las instituciones que participan en el balompié rentado mantuvieron retrasos en la cancelación de sus haberes a los jugadores y de nuevo prevaleció la normativa de la Ecuafútbol sobre el Código del Trabajo y el citado Acuerdo Ministerial.

Según la ley regular, los sueldos deben pagarse, máximo, hasta el 10 de cada mes; pero en la FEF se bajó de 90 a 60 días la espera para que los clubes presenten los roles de pago, es decir, podían mantener un retraso de hasta 2 meses.

Guzmán no conoce de sanción alguna de parte del Ministerio del Trabajo por esta vulneración, pero la FEF castigó con la rebaja de puntos a clubes que se atrasaron más de lo permitido. Así ocurrió con Barcelona, Deportivo Quito, Liga de Loja y El Nacional de la serie A, y Olmedo y Deportivo Quevedo de la B.

La permisividad de la FEF con los clubes le ha costado a la misma FEF, que en enero de 2015 reportó en su informe económico un déficit de $1’482.530,19 que, conforme a lo dicho por Luis Ch., presidente suspendido de esta matriz, se generó por dinero entregado a clubes de las series A y B que atravesaban situaciones económicas apremiantes.

No a la moratoria

La AFE no admitió un pedido de moratoria a los clubes deudores comunicado por Carlos Villacís, presidente de la FEF. Lo único que acepta negociar son planes de pago, de lo contrario apelarán a las sanciones que puntualiza el reglamento para los entes que mantienen haberes pendientes con los cultores. Se solicitará que los clubes morosos sean impedidos de iniciar el torneo 2016.

“Con el ingeniero Villacís, al menos por ahora, hay un cambio en el discurso. Dijo que la política clientelar con los clubes no tendrá cabida con él”, afirmó el sindicalista.

Añadió que a raíz de la audiencia que los líderes del gremio tuvieron ante la Comisión de los Derechos de los trabajadores de la Asamblea Nacional, el 2 de diciembre, el asambleísta Álex Guamán participa con la AFE en las reuniones que se mantienen con el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Deporte.

En estas sesiones, entre otras cosas, se consensuaron mecanismos para que se respeten los plazos establecidos en la ley para el desembolso de sueldos y para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adopte medidas coactivas frente al retraso en las aportaciones de los futbolistas.

Triunfos ante los clubes

Los mediocampistas Álex Bolaños y Pedro Larrea quedan registrados en la historia del fútbol ecuatoriano y en la historia laboral como los primeros jugadores que pidieron el visto bueno para las empresas que irrespetaron sus derechos laborales. En 2015 ambos recurrieron al artículo 173 del Código del Trabajo, pero aplicaron distintas causales.

En el caso de Bolaños, terminó su contrato con Barcelona basado en el numeral 1, es decir, por injurias graves inferidas por el empleador, luego de que fuera agraviado por el entonces presidente ‘torero’, Antonio Noboa, quien lo responsabilizó de la derrota ‘canaria’ contra Emelec en la final de 2014.

En el tema de Pedro Larrea, que se desvinculó de Liga de Loja, la inspectora de trabajo que se encargó de la querella, Claudia Arboleda, falló en favor del volante en atención al numeral 2, o sea, por disminución o por falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada.

Giovanny Cárdenas, abogado de Larrea, citó que el caso de su defendido es el primer visto bueno relacionado a uno de los síntomas que evidencia la crisis económica de los clubes: la impuntualidad en la cancelación de los emolumentos. En adelante, agregó, otros exponentes pueden solicitar el visto bueno para las instituciones que no respeten los plazos de pago.

Al responder qué ocurrió con el proyecto de Reforma a la Ley del Futbolista, que se planteó en la Asamblea Nacional y que, incluso, mereció la visita de representantes de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FITPro), Edwin Tenorio, vicepresidente de la AFE, manifestó que “todo quedó en el show mediático”.

En octubre de 2014 los comisionados de la FITPro explicaron en el Parlamento que la ley vigente no se adecúa a las necesidades de los jugadores, pero la aprobación del proyecto de reforma no muestra ningún progreso, “así como no prospera la demanda de inconstitucionalidad de la Ley del Futbolista que la AFE presentó a la Corte Constitucional en 2013”, precisó.

Entre demandas de salarios atrasados y reclamos por incumplimientos de planes de pago, solo en 2015 la AFE realizó más de 500 trámites. El gremio tiene alrededor de 1.000 afiliados, de los cuales solo un 10% percibe sueldos superiores a los $ 1.000.

Actualmente los socios se benefician de asesoría legal y ‘staff’ de abogados; pero este año se planteará que los clubes les proporcionen seguros privados y se gestionarán convenios con establecimientos educativos para que los futbolistas estudien por internet.

Se quiere, además, abrir líneas de crédito para los jugadores, pero esto depende del saneamiento financiero de los clubes, ya que solo si estos saldan sus acreencias y pagan a tiempo los salarios, la AFE puede efectuar descuentos mensuales para cubrir los préstamos.

Los futbolistas de las series A aportan a la AFE $ 100 anuales; los de la serie B y segunda categoría, $60. Además, por cada caso resuelto de haberes atrasados, el gremio se queda con montos que van del 5 al 7% de lo cancelado. Con estos rubros se costea los servicios de los juristas y los viáticos que demandan los procesos. (I)