Venga de donde venga la propuesta, pedir la revocatoria del mandato, tal como lo establece la Constitución, constituye un acto de absoluta responsabilidad política. Por lo mismo, no es un show mediático y mucho menos un alarde para generar falsas ilusiones, expectativas y/o escenarios desestabilizadores para cualquiera de los sectores, regiones, instancias estatales o jurisdiccionales.

Tras un año de gestión de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de las juntas parroquiales -solo por poner un ejemplo- debería existir una verdadera evaluación del programa ofrecido con el efectivo cumplimiento del mismo. Y si no se lo cumplió, hay todas las garantías y los instrumentos jurídicos para hacer efectiva la revocatoria, en el marco de una plena democracia y una indispensable fiscalización ciudadana. La revocatoria no es un acto de venganza. Tampoco se puede asumir como un cálculo político proselitista.

Si mañana hay una ‘cascada’ de revocatorias, bien valdría la pena asumir que los electores se equivocaron y/o que los elegidos mintieron o son incapaces de ejercer el cargo. (O)