Habitantes de la comunidad Kumay, ubicada en Pastaza, retuvieron el jueves a dos policías y una funcionaria de la Gobernación de la provincia amazónica, denunció este viernes la ministra de Gobierno María Paula Romo. Los pobladores orientales pretendían hasta la tarde de ayer, intercambiarlos por el cadáver de uno de sus vecinos, quien murió por contagio de covid-19 y, por lo tanto, la disposición de su cuerpo se realizó de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos en el país para reducir el número de infecciones.

El acto no tiene justificación alguna y se trata, como lo dijo la propia ministra Romo, de un secuestro, delito que es sancionado por la ley. No es el único hecho de irrespeto a las autoridades durante la actual emergencia. Según cifras oficiales, 388 uniformados han sido agredidos durante la pandemia. El 14 mayo, dos agentes policiales resultaron heridos cuando intentaban detener una riña ocurrida entre pobladores del cantón Huamboya, en Morona Santiago, al término de una fiesta.

Sin embargo, el caso más grave ocurrió el 21 de junio en el sector La Tola, en Esmeraldas; ese día, agentes fueron atacados y un vehículo policial incendiado cuando los uniformados intentaron dispersar una reunión de personas que bebían en el espacio público sin ninguna protección. Debido a hechos de este tipo, policías han sido asilados en casas de salud con heridas. Por su parte, el Ministerio de Gobierno ha interpuesto acciones legales y ha logrado 98 sentencias a favor hasta el momento.

Este tipo de situaciones rebasan lo anecdótico y muestran la realidad de un país en el que el respeto a las normas y la legalidad parecen ser la menor de las preocupaciones de ciudadanos y autoridades. Así lo demuestran tanto los sucesos relatados, como la existencia de miles de sancionados durante la pandemia por incumplir las decisiones del COE Nacional; la revelación de la firma de contratos con sobreprecios durante la emergencia o el escándalo de la venta de carnés de discapacidad falsos. Se requieren sanciones, sin duda, pero además el compromiso de cada uno de nosotros para respetar las leyes. (O)