Lo que se ha convertido en las últimas semanas en una guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, ambos países miembros de la Comunidad Andina (CAN), ocasiona ciertos efectos dañinos a los objetivos y motivaciones más profundas de la integración andina, surgida en 1969, cuando se creó el llamado Pacto Andino. Al mismo tiempo, permite extraer ciertas posiciones esgrimidas de lado y lado, y que han servido para escalar esta erizada situación.

​Como ya lo vienen señalando autoridades, funcionarios públicos, expertos, analistas, medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que hoy sucede en el campo comercial entre Colombia y Ecuador genera una afectación sustancial al corazón de la integración andina: el “mercado subregional”, resultado de la adición de los mercados nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, base central de apoyo para toda la estructura política, normativa e institucional andina. Afecta, además, a los precios internos, a la competitividad ante proveedores alternativos de los productos “castigados”, a toda la dinámica logística y administrativa involucradas en el comercio, a las empresas y a 75 millones de potenciales consumidores de ambos países; también se malogran el empleo, la inversión y las cadenas de valor regionales.

Según los hechos, las medidas arancelarias tomadas por Ecuador tienen que ver con la seguridad nacional, ante lo que se ha considerado falta de apoyo colombiano en la lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común; y, con la “retorsión” cuando Colombia aplica aranceles recíprocos, medidas que en conjunto han dejado sin piso la política de “arancel cero” de la CAN, regulada por normativa supranacional de la Decisión 370 (1991). Puesto que tanto la producción como el comercio florecen si hay paz y seguridad, esta peliaguda situación tiene que ver también con el necesario cumplimiento de la Decisión 922, sobre “Acciones conjuntas urgentes para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptada a instancia de Ecuador en 2024.

Para superar el conflicto, con diálogo urgente debe lograrse un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio, en el marco de la CAN, los compromisos internacionales y los necesarios esfuerzos conjuntos contra la delincuencia organizada, caso contrario, la resolución estará en manos de órganos del Sistema Andino de Integración, especialmente de la Secretaría General y del Tribunal de Justicia de la CAN.