Entre las diversas conclusiones y evaluaciones sobre la reciente visita al país del vicepresidente estadounidense Mike Pence, vale la pena destacar una que resulta de vital importancia en el empeño del Gobierno Nacional por combatir y erradicar la corrupción. La Corte Nacional de Justicia solicitará a las autoridades de Estados Unidos la extradición de 44 ecuatorianos que viven en ese país y que son acusados de actos de defraudación fiscal. La historia reciente registra varios anuncios en este sentido, pero solo se quedaron en buenas intenciones, porque los sospechosos y también los causantes de las malversaciones al fisco no han podido ser extraditados para que enfrenten a la Justicia y paguen por los delitos cometidos.

Ha llegado el momento de actuar. Han sido muchos años de espera para sancionar los delitos de corrupción. Entre los posibles personajes que deberían ser extraditados figura el excontralor Carlos Pólit y el exfuncionario del gobierno anterior Pedro Delgado. Al parecer los dos viven en Miami. En 2015 Delgado fue condenado a ocho años de prisión por ser el responsable de un crédito por $ 800.000 al ciudadano extranjero Gastón Duzac. El acusado tuvo tiempo de salir del país y algo similar también ocurrió con Pólit, sindicado en el escándalo de sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, manifestó que el mundo debe conocer que nuestro país no dejará de buscar a las personas que afectaron al erario nacional.

En paralelo, la Asamblea Nacional también trabaja para convertir en Ley una norma para sancionar los actos de defraudación al fisco. La presidenta Elizabeth Cabezas anunció que el proyecto está listo para ser debatido. La lucha contra la corrupción no debería ser objeto de cuestionamientos porque se trata de un anhelo de la sociedad. Los corruptos deben ser sancionados y el dinero devuelto; el funcionario público tiene que responder por los manejos fraudulentos de los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos. (O)