La crisis por la pandemia del covid-19 dejó al descubierto los actos de corrupción en los que han incurrido funcionarios públicos, como el caso de los sobreprecios en la compra de insumos médicos y de bioseguridad. Pero no deja ser grave también la venta de carnés de dicapacidad.

Justamente este lunes 27 de julio, el Ministerio de Salud Pública informó que durante la crisis sanitaria se han emitido 3.000 carnés de discapaciadad, de los cuales 1.140 se encuentran en proceso de anulación por irregularidades detectadas en su emisión.

Son muchos los nombres de funcionarios públicos, un exmandatario, asambleístas, políticos y personas que trabajan en empresas privadas que figuran con algún tipo de discapacidad, sin tenerla, beneficiándose, sobre todo, con la exoneración de impuestos en la importación de vehículos de alta gama.

Duele que quienes realmente necesitan ese documento, por su condición, tengan que padecer todo un vía crucis, ir de un lado a otro por años, sin conseguir su carné.

Esta pandemia ha demostrado solidaridad sí, pero también la falta de empatía y el quemeimportismo que prima en algunas personas, que solo piensan en el propio beneficio, así sea cayendo en actos ilícitos. Y son el reflejo de que no comulgan con la ética y la moral.

Una de las medidas adoptadas por el Gobierno es erradicar esta situación, para lo cual se desarrollará un nuevo software para establecer un Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, solicitó este lunes 27 de julio, a la Asamblea Nacional, la reforma del artículo 10 de la Ley de Discapacidad porque la norma, tal y como está, limita al Ministerio realizar una recalificación y revisión de los carnés. (O)