El 2017 fue un año marcado, sobre todo, por los acontecimientos políticos y las denuncias que destaparon escándalos de corrupción, mientras que lo económico, a pesar de las expectativas generadas, aún aguardaba su gran momento.

Se esperaba que la sensación generalizada de stand by del sector productivo terminase una vez que la relación entre el Gobierno y los empresarios llegase a mejores términos. Sin embargo, y pese a que los amplios diálogos mantenidos con los gremios crearon un ambiente de confianza, la Ley de Reactivación Económica -la mayor carta jugada por el Ejecutivo- ha sumado más reparos que apoyos.

El Banco Central de Ecuador (BCE) ha proyectado que este año el Producto Interno Bruto crecerá 1,5%, es decir, una recuperación de tres puntos frente a 2016. Las razones de este incremento son varias. Una de ellas -coinciden autoridades y expertos- es la inyección de dinero proveniente del endeudamiento público (entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 se contrajo $ 8.400 millones en deuda externa e interna). Esto se reflejaría en el aumento del consumo en hogares, en el crecimiento de los créditos y depósitos en la banca, y una reducción de la morosidad en 1,04 puntos.

El sector exportador también ha contribuido con la dinamización de la economía. Según el BCE, las exportaciones (petroleras y no petroleras) pasaron de $ 13.778,40 millones entre enero y octubre de 2016 a $ 15.721,40 millones en el mismo período de 2017, y se prevé terminar el año con un superávit comercial. También, aunque levemente, se ha incrementado la importación de bienes de capital.

Hay una actividad económica que no ha logrado recuperarse y que desde 2015 registra tasas negativas: la construcción. A pesar de que analistas sostienen que la eliminación de la denominada Ley de Plusvalía no necesariamente reactivará el sector, los empresarios sí se mantienen expectantes a esta decisión que será producto de la consulta popular.

Especialmente en esa área y en minería, otra rama económica con potencial en el país, el BCE pronostica inversiones por alrededor de $ 2.000 millones para 2018.

El último sondeo de Cedatos, realizado el pasado octubre a nivel nacional, indica que el 27,5% de los 1.789 encuestados considera al desempleo y el subempleo como el segundo problema más importante del país, luego de los problemas económicos y la carestía de vida; mientras que la corrupción se ubica en el cuarto lugar, con el 9,6%.

En un país con unos cuatro millones de personas sin empleo digno (desempleo o subempleo), según Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, la principal expectativa es que 2018 sea un año de acciones que atiendan a este sector y que las inversiones anunciadas se hagan realidad. (O)