El mundo se encuentra en pleno desarrollo de la cuarta revolución industrial. Su implementación está marcada por una aceleración sin precedentes. Los efectos de la pandemia incluso generarán una mayor rapidez hacia la adopción de nuevas tendencias tecnológicas. Para poder hacer frente a esta transformación, varios países formulan estrategias diseñadas bajo conceptos de vanguardia, buscando posicionar a la generación de conocimiento científico local, así como también la generación de innovación y progreso tecnológico como uno de sus ejes fundamentales de progreso.

Y es que solo mediante la innovación y el soporte decidido a la ciencia y la tecnología las sociedades pueden crear oportunidades en medio de las crisis, permitiéndoles generar nuevas áreas de desarrollo. Bajo esa premisa, países como China, por ejemplo, han anunciado la creación de un sistema nacional de innovación integral, sistemático y eficiente. Otras naciones como España han informado a través de su respectivo Ministerio de Ciencia e Innovación la mayor financiación de la historia para este sector, duplicando la inversión de años anteriores.

El rol de los gobiernos para apalancar a la innovación tecnológica como motor del crecimiento de sus sociedades no es algo nuevo. Estados Unidos invertía por ejemplo alrededor del 3% de su PIB en investigación básica ya en la década de los sesenta, entendiendo que esta área es fundamental para producir las tecnologías que sus empresas pueden aprovechar. Los resultados no solo que están a la vista, sino que, en la actualidad, la inversión del sector privado en investigación y desarrollo ha sobrepasado largamente a la inversión inicial que hizo el sector público.

A nivel regional, el entender las nuevas nociones de desarrollo ha tomado tiempo y ha tenido reveses. Quizás uno de los primeros intentos sucedió en Argentina en la década de los cincuentas con la creación de la Secretaria de Estados Técnicos, la cual desafortunadamente fue disuelta un año más tarde por la dictadura. Solo en el 2007, se volvió a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Luego le siguió Brasil en los ochentas, y la mayoría del resto de los países en la primera década de este siglo.

Ecuador no ha sido la excepción. Con el objetivo de poder promover el desarrollo industrial y tecnológico, se creó el SENESCYT, institución que ha logrado resultados iniciales, al igual que ha tenido varios problemas. Se esperaría que, entendiendo la coyuntura global, y con una pizca de sentido común, los candidatos busquen mejorar esta cartera de Estado. Pero este no es el caso; hay propuestas que buscan eliminarla, condenando al país a un retroceso de al menos cincuenta años. Una vez más, el país así podría mantenerse en el oscurantismo científico y tecnológico, afectando su progreso, producto de la falta de visión de sus líderes.