Es neutro, eterno e intrínseco. Un fenómeno natural de igualdad y fraternidad que se viste de transparencia y habla con una voz apolítica. El deporte, ese término que enamora a los románticos, aparece como un lenguaje universal, destinado a hacer la vida de las personas mejor y más feliz. Una idea hermosa, casi sagrada, idealizada desde su origen. Pero con el paso de los siglos —como todo lo que es humano— el deporte fue aprendido, moldeado e instrumentalizado. Convertido en espejo y herramienta de las estructuras políticas y sociales que lo rodean.

Como premisa fundamental, una política pública deportiva se comprende como una acción temporal, diseñada por un gobierno específico, para atender necesidades puntuales a corto o mediano plazo. En cambio, una política de Estado en deporte trasciende coyunturas y se proyecta como una directriz permanente, orientada a garantizar el desarrollo sostenible y equitativo, reconociéndolo no solo como instrumento, sino como derecho social imprescindible para la vida en sociedad.

En la línea de tiempo del deporte ecuatoriano, la Constitución de 1998 lo incluyó por primera vez. Luego, la Constitución de 2008 profundizó esta presencia, estableciendo tres dimensiones: como política estatal orientada al bienestar general; en relación con la cultura física y el deporte aficionado y profesional; y mediante regulaciones claras para la administración deportiva. Finalmente, en marzo de 2022, el Decreto Presidencial 375 declaró formalmente al deporte ecuatoriano como política de Estado.

Una nueva etapa en la vida constitucional y política se abre en Ecuador, y la agenda del deporte clama por acciones urgentes y decididas. Los actores del sistema deportivo deben transformar al deporte, tantas veces usado como eslogan romántico, en herramienta real para la educación, la salud y el desarrollo del país. Las prioridades pasan por concretar su nueva ley, modernizar organismos, incorporar tecnología, renovar infraestructuras, profesionalizar dirigencias y articular el deporte colegial y universitario. Todo ello requiere armonía entre los rectores federativos, olímpicos y gubernamentales, pero sobre todo, demanda profesionales con visión y formación en administración y gestión deportiva; personas capaces de interpretar la complejidad del deporte y de innovar en tiempos de cambio. Solo así —y no de otra manera— será posible garantizar una verdadera política de Estado. El deporte, como casi todo en la vida, es lo que la gente hace de él.