La geopolítica no solo se analiza por lo que ocurre, sino por lo que se vuelve imaginable. En tiempos de incertidumbre global, los escenarios hipotéticos ya no son ejercicios académicos, sino advertencias estratégicas. ¿Qué ocurriría si una potencia decidiera capturar militarmente a un jefe de Estado extranjero y justificarlo como parte de una nueva doctrina de seguridad hemisférica? La sola formulación de esta pregunta revela hasta qué punto el orden internacional contemporáneo se encuentra tensionado.

El mundo posterior a la Guerra Fría se construyó sobre una ficción compartida: la de un sistema internacional basado en normas, soberanía y equilibrio institucional. Sin embargo, como advertía Carl Schmitt, “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Cuando el poder se reserva la facultad de intervenir más allá del derecho, el orden jurídico queda subordinado a la voluntad política. En ese marco, el discurso de Donald Trump no debe leerse únicamente como provocación, sino como síntoma. Su insistencia en una lógica de dominio hemisférico, su desprecio por los equilibrios multilaterales y su visión transaccional de la política exterior configuran una narrativa peligrosa: la de un mundo donde la legitimidad no nace del derecho, sino de la fuerza.

No se trata únicamente de Venezuela. América Latina, Europa e incluso aliados históricos de Estados Unidos quedan atrapados en una misma pregunta: ¿qué valor tiene la soberanía en un sistema donde el poder redefine las reglas a conveniencia? Hannah Arendt advertía que uno de los signos más claros de la decadencia política es cuando la fuerza sustituye a la autoridad. La autoridad persuade; la fuerza impone. La primera construye legitimidad; la segunda solo produce obediencia temporal. Un escenario donde una potencia se atribuya el derecho de decidir cuándo intervenir, cuándo ocupar y cuándo “devolver” el control de un país no es democracia exportada: es administración imperial.

La historia ofrece precedentes. Panamá con Noriega. Irak con Saddam. Libia con Gaddafi. Afganistán durante dos décadas. Cada caso fue presentado como “necesario”. El saldo, sin embargo, suele ser devastador: fragmentación institucional, colapso económico, migraciones masivas y generaciones enteras atrapadas en la incertidumbre. Por eso, la pregunta relevante no es si un régimen merece o no ser cuestionado. Muchos gobiernos autoritarios —como el venezolano— han cometido abusos graves. La pregunta verdaderamente estratégica es otra: ¿qué modelo de orden internacional estamos legitimando cuando celebramos que la fuerza sustituya al derecho? Porque si el principio se normaliza, nadie queda fuera de su alcance.

Europa, por ejemplo, observa estos debates con una pasividad preocupante. Como señalaba Zygmunt Bauman, vivimos en una modernidad líquida donde las certezas se disuelven más rápido que la capacidad de reacción política. Cuando las potencias rediseñan el mapa del poder, quienes no actúan quedan relegados a la condición de territorios administrables.

¿Y América Latina? La región enfrenta un dilema estructural. Economías frágiles, democracias erosionadas, desigualdad persistente y migración masiva conforman un ecosistema altamente vulnerable a cualquier reconfiguración geopolítica externa. Países como Ecuador, atrapados entre crisis económica, inseguridad y dependencia financiera, serían especialmente sensibles a un nuevo orden hemisférico donde las decisiones estratégicas se tomen fuera de sus fronteras. La prosperidad, el empleo, la inversión y la estabilidad institucional no se desarrollan en territorios percibidos como espacios de tutela.

Por eso, más allá de nombres propios, lo que está en juego es una cuestión civilizatoria:
¿seguiremos apostando por un orden imperfecto basado en reglas, o aceptaremos la normalización de un mundo gobernado por actos unilaterales? Como advertía Albert Camus, “el verdadero drama de nuestro tiempo no es que existan injusticias, sino que nos acostumbremos a ellas”.

Quizás el mayor riesgo no sea que el imperialismo regrese. Quizás el verdadero peligro sea que ya haya regresado en el imaginario colectivo sin que hayamos desarrollado aún las herramientas éticas e institucionales para enfrentarlo. La geopolítica del futuro no se definirá solo en los despachos de Washington, Pekín o Moscú. Se definirá también en la capacidad de los pueblos de defender principios, instituciones y soberanía sin caer en el caos ni en la sumisión. Porque cuando la soberanía se vuelve negociable, ningún país —grande o pequeño— está realmente a salvo.