Ecuador no perdió la seguridad solo en las cárceles ni en los puertos. La perdió mucho antes, cuando dejó de ubicar a la familia y a la sociedad civil en el centro de la política pública. Hoy el debate nacional gira en torno a estadísticas de homicidios, estados de excepción y despliegues militares, mientras se ignora una dimensión más profunda del problema: el crimen organizado no se limita a controlar territorios, también captura relaciones familiares y sociales, y en numerosos barrios esa disputa ya está resuelta a su favor.

En provincias como Esmeraldas, Guayas o Manabí, las estructuras criminales han consolidado un esquema básico, pero eficaz, de provisión social. Entregan ingresos, respaldo y un sentido de pertenencia a niños y adolescentes formados en entornos de precariedad, migración forzada y hogares fragmentados. Cuando la presencia estatal es intermitente y la familia ha sido erosionada por décadas de abandono institucional, la banda termina convirtiéndose en el principal referente de autoridad y protección.

Este contexto ayuda a entender por qué las respuestas basadas exclusivamente en el uso de la fuerza resultan limitadas. Sin una política pública orientada de manera sostenida al fortalecimiento familiar, cualquier estrategia de seguridad queda atrapada en la lógica de la reacción inmediata. La prevención efectiva no comienza con el primer operativo, sino mucho antes: en la permanencia escolar, en el acompañamiento psicosocial y en la capacidad de las familias para transmitir normas, expectativas y proyectos de vida que contribuyan a cerrar brechas históricas de pobreza, desigualdad e injusticia.

La discusión que el país suele esquivar es incómoda, pero ineludible: en la medida en que el Estado reduce su presencia social en los territorios más violentos, el crimen organizado avanza ocupando ese vacío con rapidez, recursos, servicios y disciplina. No se trata únicamente de actividades ilegales, sino de una sustitución de funciones que el Estado moderno nunca llegó a cumplir plenamente. En este escenario, iniciativas como bonos condicionados al desempeño educativo y al cumplimiento del esquema de vacunación, el apoyo productivo a madres jefas de hogar, los servicios permanentes de atención psicológica y la recuperación del espacio público para el deporte y la cultura no deberían leerse como políticas asistencialistas, sino como políticas públicas clave de prevención del delito y reconstrucción del tejido social, que deben integrarse de manera estratégica a las políticas tradicionales de seguridad.

La lucha contra la violencia no se resolverá solo en las cárceles ni con un mayor número de operativos. El desenlace se juega mucho antes, cuando un niño o un joven encuentra más razones para apostar por un proyecto de vida dentro de la legalidad que para sucumbir a una oferta del uso de la violencia. Sin familias protegidas y acompañadas no es posible construir cohesión social, y sin cohesión social, ninguna política pública de Estado puede sostenerse en el tiempo.