Instituciones las hay diversas, difieren por su naturaleza, tamaño, fines, historia y reputación. Cada una es en sí misma una maquinaria compleja y en permanente cambio; las públicas, en resumen, tienen indefectible vocación de servicio y se justifican en el interés público. Todas se manejan bajo ciertas políticas, reglas y parámetros que configuran una especie de manual de funcionamiento para quienes las conducen. Si algo tienen en común las instituciones es que todas requieren de personas aptas para conducirlas, de lo que derivaría el éxito de las mismas, y con esto el adelanto y la  transformación social cuando hay claridad en la dirección con buen uso de recursos.

Manifestación patética de una sociedad enferma que no camina es la crisis de sus más importantes instituciones, situación evidente en el país en ámbitos relacionados con la participación ciudadana, legislatura, control, justicia, gobiernos locales.

Fracasan las instituciones si descuidan tres aspectos centrales: vocación, adaptación e innovación, preparación y responsabilidad de quienes las conducen. Si solo funcionan para cumplir objetivos que interesan a unos pocos, si se estacionan en su zona de seguridad o sirven única y exclusivamente para saciar apetitos individuales, habrán anclando peligrosamente a la sociedad.

Las instituciones son instrumentos para el accionar público de servicio cuyo desenvolvimiento puede hacer la diferencia entre el adelanto en democracia o la condenación a vivir en un círculo de error-fracaso. Por esto, urge una reingeniería institucional, y la construcción de “institucionalidad”, por ahora tan ilusoria y lejana. Es cierto aquello de que el desarrollo de la sociedad depende de la solidez de sus instituciones, que deben permanencer vigorosas a lo largo del tiempo.

Mucho de lo que sucede en Ecuador no solo depende del manejo desastrozo de ciertas instituciones, sino también del mal diseño de las mismas, problema que debe impulsarnos a retomar algo ineludible como es cambiar el falaz e inadecuado diseño institucional del Estado establecido por la Constitución de 2008.