El proyecto considera el cambio del método de asignación de escaños, al que dirigentes políticos califican de inconstitucional y favoreció al correísmo.

La carretera peninsular no recibe mantenimiento desde 2.014 y se espera la intervención del Estado.

La comisión Anticorrupción afirmó que el perjuicio al Estado sería de $ 28 millones y que alrededor de 10 mil funcionarios públicos estarían involucrados en los hechos.

El Consejo Transitorio resolvió descalificar a 4 postulantes del concurso porque no pasaron la última etapa de impugnación ciudadana, lo que causó malestar en los comisionados.