El plan de medidas cautelares ha permitido implementar sistemas de control y monitoreo de lo que ocurre en las comunidades waoranis con respecto a la presencia de pueblos en aislamiento voluntario tagaeiri y taromenani, así como alertar del movimiento ilegal de madereros y cazadores de especies silvestres, emergencias médicas, etc.

Zoila Irumenga, waorani de 60 años, es una de las monitoras contratadas por el Ministerio de Justicia, quien con un sueldo de alrededor de $500 se encarga de alertar de aspectos como los antes mencionados.

Ella es esposa de Dabo, uno de los ex líderes guerreros waoranis, quien para emitir sus informes por radio transistor primero realiza recorridos a pie o en canoa por las zonas de su comunidad de Tobeta, así como de zonas aledañas como Nampaweno y Miguaguno.  

“Yo fui quien alertó del último ataque que se dio contra los abuelos Ompure y Buganey”, contó con un castellano fluido. Ella se conecta por radio con la Estación de Monitoreo de Shiripuno y con otras comunidades de 07:00 a 09:00, de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.

“Ya dicen que nos han civilizado y contactado, pero no nos dan lo que necesitamos desde el Estado en salud, educación y vivienda. A mí me hace falta que me reconstruyan mi casa porque está dañada, lo he solicitado y no me han escuchado”, manifestó Zoila.   
Ese criterio es compartido por otros waoranis de la zona.  

Los recorridos y patrullajes que realizan, por su parte, los miembros del plan de medidas cautelares han permitido identificar otras novedadades. Por ejemplo, apoyados por elementos del Ejército y de la Policía, han logrado frenar la tala ilegal de árboles y su venta de madera.            

Por un lado, el Ministerio de Justicia se encarga de controlar y monitorear las señales de  los pueblos aislados, en cambio el Ministerio del Ambiente se encarga del tema del control de algún tipo de infracción ambiental en territorio, identificar si hay algún tipo de movimiento especial en la zona, del tráfico tanto de madera como de especies silvestres, explicó Enrique Vela, coordinador de campo del plan de medidas cautelares para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario, del Ministerio de Justicia.

La zona de amortiguamiento, la estación de monitoreo, está ubicada 25 kilómetros al sur, y 30 kilómetros más al sur de ese lugar está la zona intangible, lo que significa dos días caminando cuando se realizan patrullajes, indicó.

Todo ello tratan de identificar los guardaparques del Ministerio del Ambiente junto a los técnicos y sociólogos del Ministerio de Justicia, quienes además recorren los límites del Parque Yasuní, la limpieza, señalización, tomando en cuenta que hay hitos colocados y con una señalética especial que se utiliza para el tema de áreas protegidas.

“Personas extrañas al Parque Yasuní no pueden talar árboles ni sacar animales, mientras que a los waoranis y algunos colonos se les permite lo que se denomina la tala selectiva u obtención selectiva de recursos para las personas de las comunidades que viven dentro del parque, pero en este caso específico por ser un tema cultural, ancestral, es permitido”, dijo José Narváez, director del Parque Yasuní, quien trabaja para el Ministerio del Ambiente.