“El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) ha considerado el diálogo constructivo con todos los actores de la educación superior como eje fundamental de sus políticas. Por eso se ha reunido con los rectores de las universidades que así lo han solicitado”, explicó Guillaume Long, presidente del organismo, en una carta pública.

Sin embargo, la universidad no está formada solamente por los rectores. Ciertos docentes e investigadores ecuatorianos  piden que se realice un debate público sobre los paradigmas de formación y academia que plantean el Consejo de Educación Superior (CES), el Ceaaces  y la Ley de Educación superior.

La Constitución establece que las instituciones que realizan investigación, las universidades y otros actores sociales deben incorporarse a los procesos de elaboración de las políticas públicas.

Héctor Chiriboga, sociólogo y profesor de la Universidad Católica de Guayaquil, expresó: “Toda propuesta seria debe partir de las condiciones reales, la realidad se construye en función de las opiniones y las reflexiones que, además, se dan en conjunto, no por un grupo de personas que por pertenecer a una determinada organización política, por estar ocupando un determinado cargo público, consideran que ya ellas de por sí tienen el conocimiento de la realidad o la definición más correcta de la realidad, por incluso tener una, dos, tres o cuatro, maestrías o doctorados”.

Agregó que un título no los capacita para darse cuenta de la realidad.  “Ya tenemos ejemplos históricos de aquellos que estuvieron en el poder, poco tiempo, mucho tiempo, e hicieron definiciones de la realidad ellos solitos, ellos y su grupito”.

Adrián Patricio Peña, vicerrector de la Escuela Politécnica Nacional, consideró que “el segundo borrador que se está analizando, trata de reglamentar una universidad ideal”.

Coincidió con el criterio de Chiriboga: “ La realidad es otra  y, al igual que el reglamento para la tipología, fija plazos muy cortos para metas muy altas”.

Él propone que la universidad trabaje en conjunto con los miembros del Consejo de Educación Superior: “Un plan de transición que permita a la institución y a sus docentes cumplir los exigentes requisitos,  tanto de ingreso de los docentes como de su promoción”.

“La situación en esta universidad es la siguiente: el 80% de los docentes trabaja 40 horas semanales, lo que ha permitido que el profesor se actualice permanentemente, realice publicaciones, participe en proyectos y acumule experiencia desarrollando verdaderas especialidades en las cátedras que maneja”,  detalló el vicerrector.

Le preocupa el caso de aquellos que no han obtenido títulos de cuarto nivel: “Al respecto consideramos que las disposiciones transitorias deben contemplar estos casos, pues si se los deja fuera de sus puestos de trabajo,  se perdería toda la experiencia de estos docentes, e incluso se estarían vulnerando derechos de trabajadores consagrados en la Constitución”.

Internet y su influencia en la formación docente

René Ramírez, presidente del CES, explicó que  los titulares sin doctorado no perderán sus cargos,  sino hasta después de los tres años cuando se realiza  una evaluación y en función de esa evaluación, una recategorización. “Si cumplen los requisitos, no solo el PhD, hay otros más complicados, en función de aquellos, se quedarán en la categoría que les corresponde”.

Enrique Ayala Mora, doctor en Historia, consideró que esta disposición es  “un despojo inconstitucional”. “Los profesores deberían hacer una acción de inconstitucionalidad de esa norma porque no se  puede despojar a alguien de una dignidad a la que ya accedió por normas distintas. Esto no quiere decir que para los que vienen no haya que incentivarles el doctorado. Pero el doctorado no es la única forma de actualización de conocimientos.

Hay el año sabático, los años de intercambio, la experiencia, pero todo eso requiere recursos que las universidades públicas no  tienen. Estoy de acuerdo con que hay que exigir, pero también poner las condiciones que la educación requiere”.

Por su parte, la Universidad Politécnica Nacional solicita, basándose en la Constitución, la participación de las instituciones en la decisión sobre las reformas.

Sobre este particular, René Ramírez aseguró que el CES  ha dialogado y debatido con las universidades sin llegar a consensos.

Adrián Patricio Peña  afirmó que  ellos estarían dispuestos a brindar su contingente  para cumplir con el artículo 386 de la Constitución, que dispone que, para la definición de las nuevas políticas, “se incorpore la participación de instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales”.

Consideró, además, que se requiere que el Gobierno concrete acciones previstas en la ley para mejorar el desempeño del sistema universitario, como son integrar los dos órganos de consulta previstos en el artículo 184 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), es decir  la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior.

Ayala Mora, quien además es  rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, opinó que “haber hecho del doctorado un requisito burocrático, antes que una condición de investigador, es un problema”.

Recordó que cuando  estudió en Gran Bretaña, el rector de la universidad de Oxford no era doctor: “Y hasta donde entiendo, el presidente de la Unidad de Harvard tampoco lo es. Es mejor que quien ejerza el rectorado tenga un título doctoral, pero transformarlo en un requisito hasta para universidades que -equivocadamente- les llaman de educación continua, me parece que lo que ha hecho es crear una presión para que las personas que van a la parte administrativa se gradúen en vez de enfatizar en los recursos humanos, en la investigación”.

Ayala encuentra otro problema en que las reglamentaciones vuelvan al número de doctores uno de los determinantes básicos para la universidad. “El número de doctores no les hace ni eficientes ni productivos. Las mediciones de la calidad deben hacerse a partir de la producción y no privilegiando cifras como el número de doctores”.

Con este criterio está de acuerdo Tina Zerega, licenciada y directora del Centro de Investigación de la Universidad Casa Grande, quien  recordó: “Si analizamos la historia de lo humano y nos vamos a Sócrates, dentro de la historia de lo que podríamos considerar como el conocimiento, no es que la universidad ha estado presente en todos los períodos humanos”.

Pero, ¿qué influencia tiene la libre circulación de información, la publicación en línea de tesis y otros textos, de acceso gratuito para las personas?

Ahí aparece Internet, ese elemento que convive hoy en día con nosotros. Marshall MacLuhan, estudioso de la comunicación, escribió precisamente sobre la incidencia de los dispositivos y sistemas -desde la rueda hasta las computadoras, por ejemplo- en la vida de la gente.

Analizando estos elementos, Zerega explicó que la sociedad del conocimiento y de la información  permite acceder a todo tipo de conocimiento, por fuera de las lógicas formales, y dentro de eso se están formando unas lógicas de aprendizaje muy interesantes, “que no tienen que ver con la universidad y no significa que no sean interesantes y no sean importantes”.

Consideró que se debe  desnaturalizar el concepto de que el conocimiento solo se produce en  la universidad.
Carlos Burgos, doctor en Literatura   por la Universidad de Stanford, con una mención en Cine Latinoamericano, señaló:  “En Ecuador, la investigación es prácticamente inexistente, pero la existencia de más doctores titulados no la dinamizará necesariamente.  Hay gente que confunde la buena preparación de un profesor para enseñar su clase con la investigación académica. Son cosas muy distintas”.

Como profesor, cree que la buena preparación está  dada por el respeto que tiene por sus alumnos y por su formación. “La investigación académica, en cambio, no depende solamente de la voluntad del profesor. Se necesitan también unos recursos sin los cuales es imposible investigar seriamente y publicar en revistas reconocidas”.

Por ejemplo, en  su campo de estudios, las  Humanidades, le parece ilógico que el Estado o la universidad exijan a sus profesores proyectos de investigación “sin una biblioteca medianamente digna de ese nombre, sin archivos cuidados, sin instituciones que provean el material necesario para trabajar”.

“Yo estudié mi licenciatura en Ecuador y solo recuerdo un par de profesores con doctorado. Con el nuevo proyecto, muchos de los buenos profesores que tuve tendrían que haber renunciado a la universidad”, agregó Burgos,  encargado del campus de la Universidad de San Diego en Madrid.

¿Pueden ahora los profesores acceder a programas de maestría y doctorado, que cuestan miles de dólares y euros? Algunos ganaron a lo largo de su  carrera entre $ 5 y $ 10 la hora, además, no todos  estaban afiliados al seguro social o  las instituciones les  pagaban con factura, hasta que rigió como disposición de la Asamblea Constituyente el decreto contra la tercerización.

Las limitaciones vienen por otros lados. Las becas que ofrece la Secretaría Nacional de Ciencia e Investigación  establecen restricciones de edad para el acceso.

Por ejemplo, para aspirar a una maestría, hay que tener 35 años, y para ser postulante a una beca para  doctorado, 45.  Así está escrito en los documentos que determinan las reglas para aplicar, colocados en su página web.

Esta disposición -que contradice   la Constitución, la cual impide la discriminación por edad- no ha sido modificada, pero hace pocas semanas René Ramírez anunció que si un profesor titular quería hacer un doctorado y la universidad de su interés lo aceptaba, el organismo estatal cubriría los costos como inversión.

“Hay cosas que este Gobierno está cambiando, como lo que está haciendo con las becas. Lo que no pueden pedir es que el contexto y los productos investigativos académicos cambien hasta  2017, son procesos de muy largo plazo.

Deberían conocer las condiciones sociales históricas de la universidad ecuatoriana”, apuntó Tina Zerega, quien recordó los cursos de  Senacyt: “Los presupuestos de investigación eran bajísimos, las Ciencias Sociales ni siquiera se contemplaban. Hacer política significa conocer las condiciones sociales en las que la universidad ecuatoriana se mueve. ¿Qué edad tienen los profesores? ¿Tienen familias o no? Así le pagues el programa completo, ¿pueden dejar lo que tienen en su país?”.

“Yo creo que a los profesores hay que darles condiciones aquí. Sin apoyo nacional del Estado, tenemos siete programas doctorales y la mayoría de los alumnos son  profesores universitarios que vienen en algunos casos apoyados por sus instituciones y en otros casos con su propio dinero”, manifestó Ayala.

“Varios requisitos que se están exigiendo son inalcanzables y están tan desconectados de la universidad ecuatoriana real que solo pueden ser atribuidos a la pereza o, sospecho, al afán de control estatal. ¿Quién va a hacer un doctorado (tres a seis años más tesis) para ganar doce o veinte dólares la hora y enseñar clases de nivel básico?”, se preguntó Burgos.

Esta semana, el Ministerio de Talento Humano emitió un comunicado en el que aseguraron que en el segundo reglamento a la Ley de Educación Superior se ha incluido lo siguiente: “Los docentes que, por cualquier razón, no obtengan su título doctoral podrían lograr el nivel de Docentes Titulares Agregados”.

No se especifica aún cuáles requisitos se les pedirán para acceder a esta titulación.

Los estudiantes en la reforma

En medio de la preocupación por las reformas universitarias, los tiempos impuestos a las universidades, las limitaciones establecidas en términos de edad para el acceso a becas de doctorado y maestría para los profesores mayores, Chiriboga analizó la estructura universitaria, formada por tres ejes: los docentes, los estudiantes y la administración.

“La administración perjudica la actividad docente, hace alianza con los estudiantes para mostrarles un futuro relativamente sencillo, en la universidad. Eso es clarísimo en la publicidad que hace la universidad, en la oferta de carreras: esto es lo mas fácil, sales en poco tiempo, solamente falta decir que no tienes que estudiar mucho”.

¿Es el estudiante en el discurso  universitario un cliente al que hay que satisfacer?  “Eso se ata, yo considero, con algo del orden de la época. La época está signada por la pérdida de valores de la tradición: disciplina, constancia, trabajo. Eso ya se perdió”, expresó Chiriboga.

¿Para qué se inscriben ciertos estudiantes a la universidad? Según Chiriboga: “Vienen a obtener un título que les va a permitir progresar en la existencia, entendiendo el progreso como obtener un vehículo, casa. Obtener en poco tiempo las cosas que sus padres demoraron en conseguir. Algo que no les implique mucho pensamiento y compromiso, porque esa palabra también está fuera de uso. En esas circunstancias,  no vienen por el saber, vienen por un título”.
¿La investigación académica depende solamente de la voluntad del profesor, en relación con las alusiones que hablan de una “mediocridad” en el sistema porque no existen  publicaciones?

Burgos, por su experiencia, está convencido de que no depende solamente de la voluntad del profesor, y ratifica aquello de la necesidad de unos recursos, de toda una estructura y una cultura de investigación.

Estas son algunas de las lecturas que propone un grupo de  profesores e investigadores ecuatorianos que viven en Guayaquil, Quito y Madrid, formando parte del esquema  universitaria. Son  “actores de la educación superior”, como los nombran en el discurso escrito en la carta pública del  Ceaaces, como  respuesta a otro documento emitido por un grupo de universidades del país frente a las reformas.