Un camino central con una alfombra con pupos (protuberancias plásticas) es como debería ser la entrada de una institución pública. Este sistema garantiza accesibilidad a personas no videntes. ¿Se cumple? Solo una institución en el país tiene este tipo de entrada: la nueva sede del Conadis en Quito. “Es costoso este tipo de construcciones, solo en las partes internas se gastaron cerca de $ 60.000”, expresa Xavier Torres, vicepresidente del Conadis.

De acuerdo con Torres, en el país no existe una ciudad que sea 100% accesible a personas con discapacidad física, visual o auditiva. Cuenta que, junto con la Vicepresidencia, se realizó un plan de accesibilidad y se revisaron varias ciudades. Los cantones más pequeños eran los que mejor cumplían las normas INEN 2243 y 2245. Esta norma indica los parámetros para construir espacios en favor de personas con movilidad reducida y no videntes.

Pero la accesibilidad no es solo cuestión de rampas, “se cree que la discapacidad es física, de muletas o sillas de ruedas. La falta de comunicación e información son barreras y aunque hemos avanzado en temas de inserción laboral o servicios de salud hay una deuda pendiente en cuanto a educación y transporte”, agrega Torres.

Una de las metas del Conadis en 2014 es efectuar un censo de las instituciones públicas para comprobar su accesibilidad. De lo investigado en los nuevos edificios que construye el Consejo de la Judicatura, un 40% no cumplía las normas accesibles.

Sorteando obstáculos
Caminar por el centro de Guayaquil implica cruzar veredas con desniveles y cunetas más profundas que la calzada de pavimento. Hay muchas anécdotas de personas discapacitadas luego de transitar por la ciudad. Ninguna es memorable. Julia Fernández, con una enfermedad en los ojos desde pequeña, recuerda cómo casi se cae en una alcantarilla sin tapa meses atrás. “Gracias a Dios hubo personas cerca que me advirtieron”, dice.

La Ley Orgánica de Discapacidades, aprobada en agosto del año pasado, garantiza en su artículo 58 el uso accesible de los bienes y servicios públicos como los parqueos. Por ley el porcentaje de parqueos debe ser del 2% del total del espacio o edificación. “Es muy común encontrarse un vehículo parqueado frente a la rampa. Solo se mueven cuando se les pide hacerlo”, cuenta Christian Torres, quien usa una silla de ruedas para movilizarse.

Trasladarse de un lugar a otro también es un desafío para quienes no pueden correr tras un bus o pedir un taxi. El reglamento de la nueva Ley, expedido recién en diciembre de este año, estipula que un 2% de unidades de taxis o buses sean accesibles, y tengan asientos para personas con discapacidad.

En la socialización de la Agenda de Igualdad del Conadis en Guayaquil se encontraba Julio Urgilés Rivera, socio y expresidente de la Asociación de personas con discapacidad de San José Naranjal. Hasta este lugar llegó con la ayuda de familiares y en carro particular. Cuenta que en su ciudad no hay vehículos para personas con limitaciones físicas. “Hemos pensado comprar un vehículo hidráulico con rampas, que sirva de expreso a otros ciudadanos”, dice Julio.

Servicios inclusivos
La carencia de intérpretes sin preparación formal es otra de las limitaciones en la inclusión integral de personas con deficiencias auditivas. El Conadis estima que existen solo 175 profesionales que conocen la lengua de señas, la mayoría es empírica. Aprenden en una fundación o son hijos de personas sordas.

El primer paso para mejorar el servicio público y educación es contar con funcionarios y docentes capacitados en el lenguaje de señas.

La Federación Nacional de Personas Sordas (Fenasec) presentó un diccionario ecuatoriano de lengua de señas, “que no ha tenido la difusión necesaria”, dice Verónica Suárez, presidenta de la Federación Nacional de Organismos no Gubernamentales para la Discapacidad (Fenodis).

De acuerdo con Suárez, la mayoría de los esfuerzos se orienta en el cumplimiento de derechos y es tiempo de pasar a la formación práctica en el tema de lenguaje inclusivo. Para lograrlo el Conadis implementa una plataforma virtual con cursos de capacitación en el ámbito estatal.

La finalidad es capacitar a 500 mil empleados públicos, no solo en lenguaje básico de señas (hay 150 signos) sino también en el conocimiento de la nueva Ley Orgánica de Discapacidad.

La página www.plataformaconadis.gob.ec, creada por estudiantes de la Universidad Indoamérica de Quito, sensibiliza a los funcionarios y les muestra cómo tratar a una persona no vidente, en silla de ruedas o con discapacidad intelectual. “La primera capacitación se ha hecho con personas del Ministerio de Relaciones Laborales. Avanzaremos con el Consejo Nacional Electoral (CNE) por el tema de elecciones y luego con la Judicatura”, explica Torres.

Con respecto al tema educativo, la ley dicta normas específicas. Determina que las escuelas promoverán la inclusión con equipos multidisciplinarios adecuados para personas con discapacidad física. Además se implementarán adaptaciones curriculares y habrá acceso a becas. “Hay que recordar que la inclusión educativa no es meter a los niños a estudiar, sino que el profesor esté capacitado y sensibilizado para atender a un niño con discapacidad”, enfatiza Torres del Conadis.

Vigilar que la ley se cumpla y su reglamento se ejecute es tarea del Conadis. La titular de la Fenodis agrega que tiene confianza en que la ley se pueda convertir en un instrumento para cumplir los derechos de la población discapacitada. Para que se cristalice es “fundamental conocer sobre el reglamento, que no ha sido difundido ni socializado de manera adecuada con los actores que intervenimos en el ámbito de la discapacidad”.