Unas cincuenta madres de escasos recursos de la ciudad colombiana de Arauca, en la frontera con Venezuela, libran una cruzada en busca de justicia por haber quedado embarazadas al participar en un programa oficial de planificación familiar con anticonceptivos que resultaron falsificados.

Durante varios meses en 2008 estas mujeres recibieron inyecciones de un anticonceptivo que creían era Nofertyl, pero que resultó ser una sustancia sin ningún poder contraceptivo y todavía desconocida por ellas, cinco años después del tratamiento.

Las mujeres, que conformaron la Asociación de Madres Víctimas de la Falsificación de Medicamentos de Arauca como plataforma de lucha, consideran un logro la acusación de la Fiscalía contra un supuesto integrante de la red que vendió las dosis fraudulentas de Nofertyl al centro médico Jaime Alvarado y Castilla.

En 2008 estas mujeres recibieron inyecciones de un anticonceptivo que creían era NofertylAsí lo reconoció en declaraciones telefónicas a Efe la representante de la asociación, Paula Andrea Cubillos: "Nosotras aplaudimos que pese a que han pasado casi cinco años se empiecen a ver los resultados, que se pruebe que dijimos la verdad, que nos dieron medicamentos falsos y que hay unos culpables de ello".

La Fiscalía acusó este mes a Fernando Sanabria del delito de corrupción por el suministro de "mil ampollas" falsas de Nofertyl en 2008 al centro araucano, mientras que otro distribuidor, Henry Castillo, ya fue condenado a 39 meses de prisión.

La primera acción que emprendió la asociación de mujeres, recordó Cubillos, fue una demanda administrativa contra el centro médico en el que cada mes recibían gratis el tratamiento anticonceptivo dentro de un programa de planificación familiar para mujeres en situación vulnerable. "Muchas de ellas son madres cabeza de hogar porque a la mayoría las abandonaron los esposos cuando quedaron embarazadas; otras son desplazadas por el conflicto armado del país.

Viven en un nivel socioeconómico muy bajo, en una humildad terrible", dijo Cubillos. De las cincuenta mujeres afectadas, tan solo tres o cuatro tienen casa propia, según Cubillos, por lo que la asociación ha pedido  subsidios a las autoridades.