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En Guayaquil, las autoridades investigan el origen de los equipos y recordaron que sus propietarios tendrán 30 días para acreditar la titularidad y cumplir el proceso de regularización si desean recuperarlos.

Guayaquil: Retiran 28 cámaras de videovigilancia instaladas sin autorización

En Guayaquil, las autoridades investigan el origen de los equipos y recordaron que sus propietarios tendrán 30 días para acreditar la titularidad y cumplir el proceso de regularización si desean recuperarlos.
Foto: ECU 911
Las cámaras fueron desmontadas durante un operativo conjunto del ECU 911, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el sector de Juan Montalvo, Guayaquil.
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El ECU 911 retiró 28 cámaras de videovigilancia que habían sido instaladas sin autorización en el espacio público del sector Juan Montalvo, en el noroeste de Guayaquil.

La intervención se llevó a cabo e martes 30 de junio como parte de un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

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Los dispositivos se encontraban colocados en diferentes puntos estratégicos, entre ellos intersecciones viales, postes de alumbrado, sectores comerciales y otros espacios públicos. Según las autoridades, ninguna de estas cámaras contaba con la autorización requerida para operar, por lo que fueron desmontadas por personal técnico del ECU 911.

Durante el operativo, el director general del ECU 911, Juan Carlos Paladines, explicó que este tipo de intervenciones busca evitar que sistemas de videovigilancia instalados al margen de la normativa sean utilizados para fines distintos a la seguridad ciudadana. En los últimos meses, las autoridades han advertido que organizaciones criminales han recurrido a cámaras clandestinas para monitorear los movimientos de policías y militares, controlar el ingreso de personas a determinados barrios o alertar sobre operativos de las fuerzas del orden.

Aunque en esta intervención no se informó que los equipos estuvieran relacionados con una organización delictiva específica, las instituciones señalaron que todos los dispositivos instalados sin autorización representan un riesgo para el control del espacio público y deben ser retirados mientras se determina su origen.

Las cámaras fueron dadas de baja y permanecerán bajo custodia de las autoridades. Las personas naturales o jurídicas que demuestren ser sus propietarias podrán solicitar su devolución dentro de un plazo de 30 días, siempre que presenten la documentación que acredite la titularidad de los equipos y completen el proceso de regularización previsto en la normativa vigente.

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